El Estado, en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, es el mayor empleador en negro del país. Una realidad inapelable si se apela a las leyes laborales vigentes en el país, lo que conlleva la paradoja de convertir al Estado en el primer evasor de la Nación cada vez que contrata trabajadores y los coloca en una especie de planta transitoria obligándolos a facturar, mes tras mes, con contratos que se renuevan anualmente. En todo el país, abogados laboralistas, coinciden en anotar qué hay cerca de 600.000 trabajadores en esa condición y en la Nación, la administración de Javier Milei, deberá decidir si continúa renovando los contratos, los incorpora a planta permanente o no renueva la relación laboral entre los organismos públicos, de más de 200.000 trabajadores. La fecha límite es el 31 de marzo y en ámbitos gubernamentales y gremiales se habla de una poda cercana a los 65.000 a 70.000 contratos. Casi un tercio de los que "se está analizando caso por caso para saber quién trabajaba de manera cabal y quien es un ñoqui" según aseguraron funcionarios de la secretaría de transformación pública y la función pública.