El gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales presentó una denuncia contra tres funcionarios de la administración de Alberto Fernández por la ocupación ilegal y el otorgamiento de títulos de propiedad al Movimiento Evita, lo que considera un delito reñido con la Constitución Nacional. “Las constancias que a estos fines fueron tomadas en consideración por los funcionarios públicos denunciados consisten en meras declaraciones verbales de quienes se afirman propietarios y resultan, fundamentalmente, mediante esas solas manifestaciones, reconocidos como poseedores tradicionales”, conformando un hecho de similares características a las que esta ocurriendo en el sur de nuestro país", explicó el gobernador.
Morales reseñó: "Los denunciados repartieron 23.000 hectáreas, parte de ellas de una reserva provincial otorgándoles unos certificados de constancia de posesión tradicional que comentábamos. A algunas familias, de un total de 65, les tocaron 1.500 hectáreas. Desde luego, son todos usurpadores y además han presentado juicios de prescripción adquisitiva que han perdido en la Justicia contra los legítimos dueños. La reserva provincial tiene posesión permanente y continua de parte del Gobierno provincial, de modo tal que hemos realizado esta demanda penal y hablaremos con Domínguez con quien tengo una excelente relación. El problema es que ya han entregado estos certificados y hasta se ha realizado un acto en la provincia de Jujuy y se ha vulnerado el Código Civil, la Constitución y el derecho a la propiedad privada, cuestiones que no estamos dispuestos a dejar pasar".
En la presentación, Gerardo Morales acusa por "la grosera ilegalidad cometida" que fue irregularmente enmarcada en una ordenanza del municipio de Palma Sola. “Por extraño que parezca, esa sola pieza legal resulta ser la principal plataforma legal de anclaje por medio de la cual los denunciados procedieron a reconocer irregularmente los alegados actos de posesión”, además explicó que la misma fue dispuesta por el Consejo Deliberante de esa localidad con el fin de "categorizar a la totalidad del territorio comprendido bajo esa jurisdicción, con excepción del ejido urbanizado, como Área Campesina” y consideró necesario realizar un “Ordenamiento Territorial, Ambiental y de la Tenencia de la tierra que debería ser llevado adelante de manera participativa”.