El decreto de necesidad y urgencia que Javier Milei firmó la semana pasada quedó atravesado por una lucha interpretativa y una disputa política, sirvió a la CGT de excusa para llamar a su primer paro en más de 4 años, tensionó la relación entre oficialismo y oposición, incluso entre los sectores más colaborativos y recién comienza a regir en estas horas. La suerte del DNU quedó, en parte, en manos de la Justicia, y, en parte, en manos del Congreso. Pero el tratamiento parlamentario sumó incertidumbre en las últimas horas: el Gobierno incluyó el decreto como un artículo dentro de la Ley Ómnibus que envió a Diputados. ¿Un guiño a la oposición o un intento por blindarlo? Este miércoles, el Poder Ejecutivo presentó en la Cámara Baja la Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, que incluye 664 artículos de reformas profundas en materia económica, tributaria, energética, política, social, penal, educativa, de defensa y seguridad, entre otras áreas, además de delegación de facultades legislativas al Presidente. El artículo 654 reza: “Ratificase el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23″. La incorporación de ese punto generó distintas reacciones entre las bancadas, incluso diferencias de interpretación entre legisladores del mismo bloque. Como se informó, según la ley que regula el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia, el DNU debería ser enviado la semana que viene a la Bicameral de Trámite Legislativo (hasta ahora no ha sido constituida), que debe emitir un dictamen dentro de los 10 días. El despacho debe ser tratado tanto en el recinto del Senado como en el de Diputados: la única forma que el DNU sea rechazado es si las dos cámaras lo rechazan. Cualquier otro escenario supone que el decreto sigue vigente. Hasta antes del miércoles, en el Congreso se asumía que el decreto -aunque se conformara la Bicameral- recién podría llegar al recinto en marzo, porque Milei no lo había incluido en la lista de temas del llamado a extraordinarias. Ahora, en ambas cámaras del Congreso, incluso en el oficialismo, interpretan que con la incorporación del artículo sobre el DNU en la Ley Ómnibus, queda habilitado su tratamiento durante el periodo de extraordinarias, que finaliza el 31 de enero.