La semana que viene comenzará el debate en comisión. Hasta ahora solo expusieron agrupaciones de inquilinos, propietarios, inmobiliarias, ONG y académicos. Los puntos que dificultan un proyecto consensuado.
Las reuniones informativas para reformar la Ley de Alquileres terminaron este martes en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. Ahora los legisladores se encaminan a firmar dictamen la semana que viene y a debatir alguno de los proyectos en el recinto durante las primeras dos semanas de mayo.
Si bien tanto en el oficialismo como en la oposición aseguran que buscarán alcanzar un amplio consenso, todavía persisten importantes diferencias entre las soluciones que proponen unos y otros. Incluso hay fuertes matices al interior del Frente de Todos. Por lo tanto, hoy por hoy la posibilidad de que el oficialismo y Juntos por el Cambio firmen un dictamen unificado parece lejana.
Durante las últimas semanas, expusieron más de un centenar de agrupaciones de inquilinos, cámaras inmobiliarias, martilleros, ONG, académicos y miembros de Defensa del Consumidor, entre otros. En estas jornadas de debate quedó en claro que las asociaciones de inquilinos y de propietarios todavía no coinciden en la mejor forma de perfeccionar el funcionamiento del mercado inmobiliario. Mientras los primeros defendieron los contratos de tres años y la actualización anual por IPC/RIPTE -porque garantizan previsibilidad-, desde el sector inmobiliario argumentaron que en realidad se terminan perjudicando porque cada vez hay menos propiedades en alquiler debido a la incertidumbre y a la baja rentabilidad.
A fines de marzo pasado, oficialismo y oposición habían acordado analizar posibles cambios en la legislación durante 30 días hábiles. La actual Ley de Alquileres está vigente desde junio de 2020. Por aquel entonces, la norma tuvo amplio consenso: fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero fue sancionada por el Senado en junio de 2020, durante la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, su implementación provocó un efecto negativo en los precios y en la cantidad de propiedades en oferta en el mercado inmobiliario.