La Cámara de Casación ratificó que dos jueces que ya condenaron a Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad volverán a juzgarla en el expediente por la firma del Memorando de Entendimiento con Irán para avanzar en la investigación por el atentado contra la AMIA.
El juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky rechazó las excusaciones que habían presentado los magistrados de tribunal oral Rodrigo Giménez Uriburu y el flamante presidente de la Asociación de Magistrados Fabián Basso.
Ambos fueron designados por sorteo para integrar, junto a Javier Feliciano Ríos el tribunal que se encargará del juicio por la Causa Memorando.
Giménez Uriburu y Basso fueron dos de los tres jueces que ya condenaron a Cristina Kirchner en la Causa Vialidad, pero pidieron apartarse del expediente por el Memorando por acumulación de trabajo, subrogancias en otros tribunales orales de otros distritos e imposibilidad de desarrollar adecuadamente sus tareas.
“Las situaciones expuestas por los señores magistrados en relación a las particulares circunstancias de las jurisdicciones de las que se trata por la cantidad de vacantes existentes, la distancia entre los diferentes tribunales, la invocada dificultad de cumplir adecuadamente con la correcta administración de justicia y la sobrecarga puesta de manifiesto son extremos que se en reproducidos en todos los tribunales orales en lo criminal federal de esta ciudad y con sede en las provincias”, replicó Borinsky.
Por ello, “consultado el Tribunal de Superintendencia, de momento se resuelve no hacer lugar al apartamiento solicitado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Fabián Basso”, subrayó el camarista Borinsky.
Giménez Uriburu fue reiteradamente recusado por Cristina Kirchner por ser uno de los jueces que jugaba al fútbol en la quinta del ex presidente Mauricio Macri integrando junto con el fiscal Diego Luciani y el camarista Mariano Llorens el equipo denominado “La Liverpool”.
Basso, en tanto, fue el único de los tres jueces de aquel juicio que se inclinó por condenar también a la vicepresidenta por el delito de asociación ilícita, lo que hubiera agravado su condena, a seis años de prisión.