La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados informó que envió los cargos provisorios contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia que son investigados por presunto mal desempeño.
Tras ser notificados, los magistrados tienen ahora hasta el 2 de noviembre para hacer, si así lo consideran, un descargo escrito o bien presentarse el 7 de ese mes de forma presencial, en una reunión convocada especialmente para ese fin.
La presentación del descargo de los jueces del máximo tribunal no es obligatoria, según señala al artículo 13 del reglamento del Juicio Político. "Reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la Comisión, sobre los cargos formulados", se indica allí.
Sin embargo, también dicho reglamento estipula que "la incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones".
Si como todo indica los jueces no contestan ni por escrito ni de forma presidencial, el oficialismo ya tiene la decisión tomada de avanzar de todos modos.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), adelantó que "la comisión analizará el descargo de los ministros de la Corte, y en función de eso dictaminará en el mes de noviembre".
Superada esa instancia, el dictamen podrá ser votado en el recinto aunque para la aprobación, que implicaría la remoción de los jueces (Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz) requerirá de las dos terceras partes de las voluntades.
Es sabido, desde el inicio del procedimiento del Juicio Político, que el oficialismo no reúne ni de cerca de ese porcentaje para llevar a cabo su cometido de máxima que es lisa y llanamente la expulsión de los cortesanos.
La comisión realizó su primera reunión el 26 de enero y desde entonces se constituyó en el cuerpo de trabajo más activo de la Cámara baja, con 24 reuniones y audiencias, por las cuales pasaron 65 testigos.
Los cargos tienen que ver con "posible mal desempeño de sus funciones", "manifiesta parcialidad", "arbitrariedad", "desvío y abuso de poder a la hora de emitir sus fallos", entre otras irregularidades.
La investigación gira en torno a cuatro causales, sobre los cuales se han formulado los cargos, a saber: el fallo del 2x1 de conmutación de la pena a favor de represores de la última dictadura militar, las anomalías en la prestación de la obra social judicial, el fallo que favoreció a la Ciudad en el reparto de fondos coparticipables y el fallo que modificó la composición del Consejo de la Magistratura.