Desde el Frente de Izquierda que encabeza Myriam Bregman, y acompaña Nicolás del Caño proponen un conjunto de medidas urgentes.
Del Caño dijo: "sostenemos que para verdaderamente terminar con la decadencia nacional hay que pensar una planificación distinta de la economía, desde abajo en función de las necesidades de las grandes mayorías, bajo un gobierno de los trabajadores".
Reorganizando los recursos económicos en oposición a la lógica de un puñado de capitalistas, muchos de ellos extranjeros, que sólo buscan aumentar sus ganancias.
Bajo el cogobierno con el FMI prima un fuerte ajuste fiscal: recortes en jubilaciones y prestaciones sociales; nuevos tarifazos como los de la luz de esta semana, y una devaluación mayor que aumentará la inflación destruyendo los ingresos populares.
El Gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Massa no investigó la deuda, sino que la legitimó al votarla en el Congreso. Para terminar con la decadencia nacional proponemos la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda fraudulenta.
Ante la falta de dólares, el monopolio estatal del comercio exterior bajo gestión obrera, para terminar con la especulación y la fuga.
Las decisiones sobre qué necesita importar el país y qué no, qué se puede exportar sin desabastecer a la población no pueden quedar en manos de un puñado de capitalistas. Y la nacionalización de la banca para generar crédito accesible para vivienda y micro emprendimientos, al mismo tiempo que cuidar de los pequeños y medianos ahorristas.
La precarización laboral crece día a día, los jóvenes y las mujeres son los más afectados, teniendo que trabajar extensas jornadas, con pluriempleo.
La reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, sin flexibilización ni reducción salarial y con un salario que cubra como mínimo la canasta familiar, permitiría generar un millón de nuevos empleos con derechos, sólo en las principales empresas del país. Y repartir las horas de trabajo entre todas las manos disponibles.
Trabajar menos para trabajar todos, y tener tiempo libre para descansar, para estudiar, estar con la familia o amigos. En vías de terminar con la desocupación y poniendo los avances tecnológicos al servicio de las necesidades de las mayorías.
Lejos de recuperar lo perdido bajo el macrismo, el salario ya perdió más de 23 por ciento de poder de compra desde 2016.
Las jubilaciones mínimas no llegan a los 90 mil pesos, y las partidas destinadas a cubrir asignaciones familiares tuvieron un recorte del 30 por ciento en la primera mitad del año.
Ante la inflación creciente es necesario un aumento de emergencia para salarios y jubilaciones y programas sociales.
Que nadie gane menos de lo que cuesta la canasta de consumos mínimos que calcula la junta interna de ATE-Indec, 363.570 pesos (para junio).
Proponemos la actualización automática de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales, para no perder frente a la inflación cada mes. Seguimos peleando por el 82 por ciento móvil para las jubilaciones y tirar abajo la reforma previsional.
Para frenar la inflación que ya supera el 115 por ciento anual es necesario establecer el control de los precios mediante comités de trabajadores y consumidores.
La clase trabajadora tiene el potencial de poder garantizar el abastecimiento a precios accesibles para toda la población a través del control obrero de la industria alimenticia.
El acceso público a los registros contables y los movimientos bancarios de las grandes empresas, es clave para conocer sus costos y evitar maniobras y remarcaciones.
El "mercado" inmobiliario está dolarizado desde la dictadura genocida, con propiedades en dólares y salarios en pesos cada vez más devaluados, es imposible acceder a una casa propia. Alquilar también se volvió una pesadilla.
Ante la emergencia habitacional que sufren 3,8 millones de familias proponemos un plan de obras públicas, la urbanización integral de barrios y líneas de crédito hipotecario accesibles.
¡Abajo la especulación inmobiliaria! Impuesto progresivo a la vivienda ociosa, revisión de la venta de tierras del Estado a los grandes pulpos inmobiliarios y expropiación de los terrenos y viviendas ociosas que estos grupos tengan.
La Ley de alquileres debe tener una aplicación efectiva controlando los precios de nuevos contratos y renovaciones. Hay que terminar con las privatizaciones, una enorme herencia menemista.
Día a día sufrimos los tarifazos, cuando el acceso al agua, la luz y el gas no deben ser un negocio sino un derecho. El Estado le ha garantizado enormes ganancias a las empresas administradoras, que no invierten generando servicios de pésima calidad. Los cortes de luz en verano son moneda corriente. Proponemos la nacionalización bajo control de los trabajadores y usuarios.
Frente al consenso extractivista que nos vende a "Vaca muerta" y el litio como la solución a los problemas de falta de dólares, pero que están destruyendo y saqueando los bienes comunes naturales, y reprimiendo a las comunidades originarias que se oponen.
Impulsamos la estatización integral sin pago de la industria energética bajo gestión de los trabajadores,las comunidades afectadas y los usuarios populares.
Sólo de esta manera podremos avanzar hacia una verdadera transición energética y ecológica, desfosilizando la matriz dependiente de los hidrocarburos, superando el fracking y garantizando el trabajo, los salarios y el derecho a la energía para todos los hogares del país.
Para llevar adelante estas medidas y reorganizar desde abajo la economía necesitamos la más amplia movilización en las calles y la lucha de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud.