La Cámara Federal de Casación Penal resolvió hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y declaró la nulidad de todo lo actuado por el fallecido juez Claudio Bonadio en la causa por el supuesto uso irregular del avión presidencial en el periodo 2003-2015.
La sala segunda del máximo tribunal penal también ordenó apartar a los jueces de la sala primera de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que fue la que intervino en el expediente como tribunal de apelaciones, informaron fuentes judiciales.
El criterio impacta en otros procesos instruidos por Bonadío, a quien Casación había apartado de la causa por recusación, particularmente en el caso “Cuadernos”, de la que esta es un desprendimiento.
El juez Alejandro Slokar, quien lideró el acuerdo, dijo que: “el incumplimiento de apartarse por parte del juez denunciante –luego ocurrido por vía de recusación– vio comprometer irremediablemente el deber de imparcialidad, condición indispensable para asegurar un proceso debido” y remató que se trata de “procurar la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
Así, concluyó que “es en virtud del quebrantamiento a una garantía básica que afecta al orden justo, que debe fulminarse con la sanción de nulidad todo lo actuado por el juez denunciante y a la vez instructor en la causa”.
Los jueces también dispusieron el apartamiento de los camaristas Bruglia, Bertuzzi (trasladados a la cámara federal durante la presidencia de Mauricio Macri) y Llorens. Este último había ordenado, sin atribución legal, que se proceda al desafuero y detención de la vicepresidenta de la nación.
La causa por los vuelos irregulares es uno de los procesos por los cuales el Bonadio había sometido a la expresidenta a una maratón de ocho declaraciones indagatorias el 25 de febrero de 2019. Esta causa tuvo origen en la causa de los “cuadernos”, desde donde Bonadio denunció la formación del proceso y se quedó de modo irregular con el expediente.
La decisión impacta para otros expedientes en los que el fallecido magistrado impulsó de modo anómalo los procesos, sea remitiendo a sorteo o, como hizo en el caso de la causa de los “cuadernos”, invocando presuntas conexidades para quedarse con las causas mediante “legajos de investigación”.
Mediante este mecanismo, le atribuyó el delito de asociación ilícita a los empresarios Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, Aldo Benito Roggio, Enrique Pescarmona, Juan Carlos Lascurain, Juan Carlos de Goycoechea, entre otros, máximos responsables de los holdings locales vinculados a la obra pública, integrando la asociación ilícita encabezada, según la acusación, por Cristina Fernández.