Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolas Carrizo, los detenidos por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, fueron enviados a juicio oral este lunes, por orden de la jueza María Eugenia Capuchetti. La magistrada rechazó los argumentos de la querella de Cristina Kirchner, que se oponía a que el caso llegara a debate oral sin profundizar otras líneas de investigación que, no obstante, seguirán abiertas. Por eso declaró cerrada la instrucción y decidió elevar parcialmente la causa.
Por sorteo de la Cámara Federal de Casación Penal, el caso quedó en manos del Tribunal Oral Federal 6, el único que no tiene jueces titulares. El TOF está integrado por suplentes: Daniel Obligado, Sabrina Namer e Ignacio Fornari, y la intervención de la fiscal Gabriela Baigún.
“La oposición a la elevación de la causa en lo que hace a Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, en base a un supuesto detrimento de la búsqueda de la verdad por desdoblamiento de la instrucción, no habrá de prosperar. La querella manifiesta que no luce desproporcionado el plazo de detención que vienen sufriendo los imputados, y que por lo tanto debería priorizarse la persecución de una eventual elevación total de la causa. Sin embargo, como las defensas de los tres encausados vienen señalando en sucesivas presentaciones (en el caso de Sabag Montiel y Uliarte, con expresa mención al cumplimiento del plazo del art. 207 CPPN), se impone un rápido avance a la siguiente etapa”, sostuvo la jueza.
“Máxime ello, teniendo en cuenta que las últimas diligencias probatorias que se han venido sustanciando no se relacionan estrictamente a la participación de los tres procesados. Ello, leído de forma armónica con lo puesto de resalto en los apartados que anteceden, imponen el pronto avance de las actuaciones. El propio Superior, ha marcado la línea en tal sentido”, se añadió.
La jueza subrayó que los cuestionamientos a la investigación por parte de la querella “no resultan novedosos” e incluso algunos fueron analizados en los trámites de recusación que se promovieron contra la magistrada, y que fueron rechazados en las cámaras Federal y Casación. “De la lectura de las diligencias que, a criterio de la parte querellante, deberían sustanciarse de forma previa a someter a juicio a las tres personas que se encuentran detenidas y procesadas en esta causa, se advierte que se vinculan en su totalidad a cuestiones ya evacuadas o que, en su defecto, en nada se vinculan a dichos imputados”, sostuvo.
Y advirtió: “Aún sustanciándose numerosas medidas, algunas de particular injerencia en la esfera privada de las personas (allanamientos, secuestros y requisas), no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí de forma tan enfática se sostienen”.
La resolución de Capuchetti hizo hincapié en el pedido de elevación a juicio que formuló el fiscal Carlos Rívolo: “Si bien el MPF no se ha expedido sobre las medidas que a criterio de la querella se encuentran pendientes, sí ha dejado en clara su postura en torno a las hipótesis alternativas de investigación, que no han sido acreditadas en autos por el momento, aún a pesar del acaudalado material de prueba que se ha reunido”.
Es que, en su dictamen, el Ministerio Público advirtió que “la actividad desplegada por los nombrados para llevar a cabo el ataque no requirió -por sus características- de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios”.
La resolución de la jueza llegó antes de que la nueva defensa de Brenda Uliarte, a cargo de Carlos Telleldin, pudiera hacer alguna presentación en el expediente. Tal como reveló Infobae el viernes pasado, el martes pasado la joven acusada de intentar matar a Cristina Kirchner tuvo un episodio “psicótico” en un patio de la cárcel de Ezeiza, donde está presa, porque iba a ser trasladada a los tribunales federales de San Martin por una causa en donde se la investiga por la tenencia de un documento trucho y allí iba a volver a encontrarse con Sabag Montiel, también detenido y aislado en la cárcel de Ezeiza. Estaba exaltada. Comenzó a gritar con furia y zamarrear el caño de ducha del patio. Luego el traslado se hizo sin inconvenientes. Al día siguiente, la joven tuvo una entrevista con psicólogos del SPF en donde registró “ideas paranoides persecutorias” sobre la causa judicial y le diagnosticaron un “leve retraso mental”.