La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realiza una nueva audiencia testimonial en el marco de la investigación por mal desempeño contra los jueces de la Corte Suprema, y lo más relevante será la segunda parte de la presentación del ex administrador general de la Corte, Héctor Marchi, citado como testigo por las presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
Recientemente desplazado de su cargo a raíz de un exhaustivo informe de 18.000 fojas que dejó al desnudo el pésimo funcionamiento de la prestadora médica, cuyo control depende del máximo tribunal, Marchi generó movimientos sísmicos en la Corte a partir de su testimonio en la anteúltima audiencia de la comisión presidida por Carolina Gaillard.
La contundencia de sus acusaciones salpicaron fundamentalmente al juez Juan Carlos Maqueda, a quien identificó como responsable de la supervisión de la obra social, pero también Marchi apuntó contra Horacio Rosatti y su vocero Silvio Robles por "las amenazas y aprietes" que recibió luego de entregar el informe.
También hizo mucho ruido su relato sobre la eliminación del correo electrónico del presidente de la Corte, que habría sido ordenada por Robles, lo cual se suma a las suspicacias que generó la sospechosa inundación del séptimo piso del Palacio de Tribunales que dejó inutilizable el despacho del asesor de Rosatti.
La exposición de Marchi había sido programada originalmente para el pasado miércoles 3 de mayo, pero debió ser reagendada para este martes a las 13 hs ya que ese día fue citado para brindar declaración indagatoria por el juez Ariel Lijo para dar explicaciones sobre el mismo caso.
Los otros testigos citados a declarar ante la comisión este martes son Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte Suprema; Nicolás Serafini, contador público encargado de firmar los balances de la obra social; y la jueza federal de San Martín, Martina Forns, cuyo marido falleció en medio de la pandemia en el marco de un presunto "abandono" de la obra social. Los primeros dos se habían ausentado la semana pasada.
En la primera parte de esta decimotercera reunión, se conocerían las novedades respecto a la solicitud formulada ante la Justicia Federal para que recurra a la fuerza pública para forzar que el ex director de la obra social Aldo Tonón declare ante la comisión luego de sus tres inasistencias injustificadas.
El funcionario judicial cercano a Maqueda, quien renunció a su cargo hace pocas semanas agobiado por las denuncias en su contra, había enviado una nota a la comisión en la que justificó su reticencia a declarar alegando que sus intervenciones en el marco de la comisión podrían incriminarlo en la causa penal por el que está siendo investigado en el juzgado de Lijo.
Tonón había presentado la renuncia al cargo desentendiéndose de sus responsabilidades como director de la obra social, al explicar que nunca tuvo capacidad de ejecución de los fondos, en un tiro por elevación a los otros tres magistrados que, cada uno en su momento, presidieron el máximo tribunal.
En su primera visita a la comisión de Juicio Político, Marchi refrendó el informe que le había enviado a la Corte en el cual advertía que hubo pérdidas por 3.000 millones de pesos en un lapso de entre seis y ocho meses meses por no invertir el dinero remanente de la OSPJN en plazos fijos.
El remanente era abultado porque con la presidencia de Lorenzetti en la Corte se aplicó una política de sueldos altos y eso redundó en nutridos aportes a la obra social.
El contador informó a su vez que durante la gestión de Tonón no se implementó un sistema informatizado de gestión, y entre otros aspectos no estuvieron digitalizadas las autorizaciones médicas, lo cual llevó a demoras e incumplimientos con afiliados.
También planteó que la compra de medicamentos y prótesis se hacía por contratación directa y no por vía de un proceso de licitación transparente, al tiempo que "no había controles de ingresos ni de pagos", no había balances contables ni control de stock de medicamentos.
En tanto, Marchi denunció que se les pagaban aranceles muy bajos a los prestadores, lo cual había derivado en una disminución de los servicios de prestadores para los afiliados.
Y advirtió sobre vacancias en cargos clave como el de subdirector administrativo, subdirector médico y otras áreas importantes para el funcionamiento de una obra social.