Teniendo presente la relevancia de los hechos sucedidos en el norte de nuestra provincia, que tuvieron como víctima a una menor de la comunidad wichi, es obligación del Ministerio Público Fiscal (de acuerdo a lo que dispone el Art. 263, ultima parte del CPP) precisar los alcances de la intervención de los fiscales penales en el caso concreto.
Se pone en conocimiento que en fecha 3 de noviembre, siendo las 7:30, un miembro de la comunidad wichi de Bajo Grande, denunció que encontró a su hija de 12 años en una senda, tendida en el suelo con manchas sanguinolentas en el cuero cabelludo. Posteriormente fue trasladada hasta el hospital de Alto La Sierra en el móvil policial junto a un enfermero. Sostuvo el denunciante que ante la mejoría de su hija, logró preguntarle quien la había golpeado, y ella le señaló a un menor de edad como el autor de la lesión.
En atención a ello, siendo la hora 18:00 del mismo día, la Policía de la Provincia remite vía mensaje de texto copia de la denuncia al Fiscal Penal de Salvador Mazza Armando Cazón, quien, ante el contenido de la misma, solicitó que se dé inmediata intervención al Juez de Menores de turno, puesto que solo se indicaba como posible responsable a un menor de edad, y conforme el Régimen Penal de Menores, es a este último a quien corresponde la dirección de la investigación.
Posteriormente y luego de surgir la presunción de un posible ataque sexual en función del examen médico practicado a la víctima, alrededor de las 23.00 horas, la fiscal Gabriela Souto, interinamente a cargo de la Fiscalía de Violencia de Género de Tartagal, es puesta en conocimiento de los hechos sucedidos por un llamado del Juez de Menores a cargo, articulando inmediatamente comunicación con el personal policial de Alto La Sierra. En idéntico sentido, dispuso que el auxiliar de la fiscalía se constituya al Hospital de Tartagal a fin de informarse sobre el estado de salud de la menor y la posible sospecha de abuso sexual.
Ese mismo día 3 de noviembre, siendo horas 23:29 horas, y luego de reunir la información correspondiente, la Fiscal se contactó nuevamente con el personal policial actuante y tomó conocimiento de que la Secretaria del Juzgado de Menores dispuso distintas diligencias en torno al sospechoso y a la investigación. En tal sentido, y ante un hipotético caso de intervención de otras personas mayores de edad, pidió también expresamente al personal policial tareas de pesquisas y de campo, para la individualización de todos los sujetos que pudiesen haber estado reunidos previamente con la menor, como así también arbitrar los recaudos necesarios para lograr mayor eficiencia en la toma de muestras biológicas para un futuro cotejo genético.
La fiscal Gabriela Souto, efectuó presentaciones al Juzgado de Menores que lleva a cabo la investigación en las que solicitó que se practiquen diversas medidas investigativas: inspección ocular y croquis ilustrativo del lugar del hecho, levantamiento y secuestro de prendas de vestir de las personas que estuvieron en la reunión del 3 de noviembre a la madrugada, y que se registre todo con muestras fotográficas. Asimismo, se puso a disposición del Juez el equipo de profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (psicólogas y trabajadoras sociales) a los fines de entrevistar y asistir al padre y a la niña víctima y que se fije audiencia de declaración en cámara Gesell a la niña, cuando su estado de salud así lo permita. Requirió además, que se de intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces en turno y al Juzgado de Violencia Familiar y de Género.
También dispuso que una psicóloga del Servicio de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público Fiscal, proceda a brindar asistencia y contención a la niña víctima y a sus familiares, constituyéndose en el nosocomio local.
Finalmente, en la tarde del pasado lunes 7 de noviembre, y teniendo presente la limitada estructura y recursos de investigación con que se cuenta en el Distrito Judicial del Norte, a partir del ofrecimiento voluntario efectuado desde la Procuración General para colaborar con la investigación a cargo del Juzgado de Menores, viajó hacia la ciudad de Tartagal un equipo de investigación especializado en Delitos contra la Integridad Sexual y profesionales del Departamento de Criminalistica, correspondiente al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) a fin de dar cobertura y colaboración a la investigación sobre las circunstancias alrededor del hecho.