El Ente Regulador de Servicios Públicos emitió la resolución 729/22 y sentó una posición a favor de usuarios que realizaron reclamos por inconsistencias en el cobro de tributos municipales que figuran en las facturas del servicio de energía eléctrica.
Intimó a EDESA para que en el plazo de 5 días remita la totalidad de antecedentes vinculados con la percepción de impuestos y tasas municipales más los contratos que la convierten en agente de cobro de los mismos. También dispuso que la factura del servicio público de energía eléctrica no podrá hacer mención a una identificación catastral cuando no se encuentre aprobada por la Dirección General de Inmuebles de la Provincia.
Asimismo, ordenó a la empresa distribuidora que toda modificación recaudatoria municipal que afecte de manera extraordinaria la cobranza de la Tasa General de Inmuebles, deberá estar respaldada con los respectivos actos administrativos certificados.
Por último, y cumpliendo con un deber de advertencia que dirigió al Concejo Deliberante, al Tribunal de Cuentas Municipal y a la propia Municipalidad de Salta, informó sobre lo que considera fueron irregularidades en las que incurrieron y que podrían implicar doble o triple imposición ilegal.
El presidente del organismo, Carlos Saravia, explicó que: “El ENRESP debe proteger los intereses de los contribuyentes frente a eventuales abusos del Municipio que aprovechó la posición dominante de EDESA para garantizar efectividad de cobro. Trabajamos para que los usuarios reciban información adecuada y veraz en las boletas de servicios”.
La resolución hizo conocer que los defectos legales de esta operatoria municipal abarcan falta de autorización para cobrar algunos tributos utilizando la boleta de EDESA, uso engañoso de la palabra “catastro” y modificaciones en las bases imponibles, dividiendo catastros únicos en parcelas provisorias para multiplicar las obligaciones tributarias.
Más de 6700 contribuyentes tienen un solo catastro y dos medidores, mientras que más de 1.050 propietarios tienen un catastro y tres medidores. Todos ellos se han visto obligados a pagar dos y tres veces el Impuesto inmobiliario, la Tasa General de Inmuebles y la Tasa de Prevención y Protección de Bienes y Personas.
“Hemos realizado consultas y sugerido que se suspenda la operatoria pero no hemos tenido eco favorable. Más de 500 contribuyentes reclamaron y todavía no tuvieron respuesta. Por eso hemos advertido sobre vicios que involucran más de 23.000 catastros y que estarían perjudicando a más de 7.700 familias de bajo poder adquisitivo. Esperaremos los informes que faltan y, si no cumplieron con la normativa, seguramente tomaremos otras medidas. La Municipalidad no puede usar una boleta de servicios para este tipo de maniobras y, claramente, puede cobrar con su propia estructura”, finalizó Saravia.