La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a cuatro empleados del Hospital San Bernardo en la causa que investiga por el faltante de medicamentos en el nosocomio.
Los tres empleados del área de Farmacia fueron imputados por el delito de peculado y falsedad de instrumento público en calidad de coautores, mientras que una enfermera fue imputada como partícipe necesaria de los mismos delitos.
Los cuatro acusados fueron asistidos por abogados particulares y se abstuvieron de declarar tres. Una de las mujeres que se desempeña en la droguería negó todos los hechos.
Cabe recordar que el jueves pasado, bajo la dirección de la fiscal Salinas Odorisio fueron allanadas las viviendas de los imputados, secuestrándose pastillas de clonazepan, midazolan, insulina, enoxaparina, diazepan e insumos médicos, varios de ellos con la leyenda “Gobierno de la Provincia de Salta”.
La causa
La investigación de la UDEC inició a raíz de la denuncia radicada por el apoderado del Hospital San Bernardo ante el faltante de medicamentos.
El nosocomio dispensa a sus pacientes internados y ambulatorios medicación indicada por receta por los profesionales tratantes a través de dos lugares: la Farmacia Central de la cual sale la medicación para todo el sector de los internados del hospital y la Farmacia de Guardia, que provee medicación para los pacientes que se encuentran internados o concurren para atención ambulatoria en la guardia de emergencias.
En enero pasado, dos médicos oftalmólogos advirtieron en las historias clínicas digitales inconsistencias entre los medicamentos entregados y la patología del paciente.
A partir de allí, se inició una investigación que determinó que, de manera habitual, tres usuarios (a cada empleado se le asigna una clave única e intransferible) de Farmacia habrían extraído los medicamentos faltantes. Los usuarios serían un hombre -que trabaja como Técnico en la Farmacia Central ubicada en el interior del Hospital-, y dos mujeres que se desempeñan en la Farmacia de Guardia.
De la investigación también surgió que una enfermera -que se desempeña en la Guardia y que mantiene una relación sentimental con el empleado de Farmacia- habría cooperado en la actividad, ya que la mayoría de los pacientes con registros irregulares son personas que fueron asistidos por el sector en el que se desempeña.