El proyecto para regular los Humedales, presentado por el diputado nacional Leonardo Grosso, en tratamiento en la Legislatura Nacional, no tiene una definición clara sobre lo que considera humedales, vulnera los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional y genera inseguridad jurídica. En esos términos, analizaron ayer la propuesta en debate, en una reunión de la que formaron parte la secretaria de Minería y Energía Romina Sassarini, la diputada nacional Pamela Calletti y referentes del sector minero provincial.
“Los humedales hay que protegerlos, por supuesto que sí”, enfatizó Sassarini y aseguró que la actividad minera es perfectamente compatible con el cuidado ambiental: “Para eso existen numerosas herramientas, todas establecidas legalmente, que sirven para el control previo, paralelo y posterior de los proyectos”.
Durante el encuentro se enfatizó la preocupación que genera el texto de la norma que busca crear un inventario de humedales, para lo cual crea una Autoridad que será liderada por Nación. Esto entra en contradicción con el artículo 124 de la Constitución Nacional que reza que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”
La propuesta estipula que durante el tiempo que transcurra entre la sanción de la presente ley y la inclusión de los humedales en el Ordenamiento Ambiental del Territorio, no se permitirá la realización de nuevas actividades ni la ampliación de las actividades existentes en los humedales, y en los que se presumen de tales. “Esto paralizaría la actividad y significaría la ruptura de la seguridad jurídica que caracteriza a la Provincia de Salta, y desincentivaría a los empresarios, en inversiones muy importantes con retornos a largo plazo, como son los proyectos mineros.
Además se recordó que desde el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que es el ámbito de discusión de las políticas ambientales en el que participa Nación y todas las provincias, se consensuó de manera federal un Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales.
En relación a esto, Sassarini también recordó que en el Pacto Federal Ambiental, ratificado por Ley Nº 25.675, Nación y Provincias acordaron promover políticas de desarrollo ambientalmente adecuadas, estableciendo acuerdos marco entre los Estados y reconociendo al COFEMA como instrumento válido para la coordinación de la política ambiental de la República Argentina.
Por lo tanto, estas iniciativas deberían tener estudio y consenso previo en el marco de los consejos existentes donde las provincias tienen sus respectivos representantes, entre las cuales también se encuentran el Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y el Consejo Federal de Minería (COFEMIN).