El juez Luciano Martini de la Sala I del Tribunal de Impugnación hizo lugar al recurso de apelación y sobreseyó a Lucía Miranda Ruiz quien estaba imputada por el delito de aborto sin consentimiento de la gestante (artículo 85 inciso 1, primer supuesto, del Código Penal).
“Surge con meridiana claridad que existían factores sociales y familiares que ponían en riesgo la salud de J.M., lo cual es confirmado no solo por Miranda Ruiz sino por otros profesionales tanto de las ciencias médicas como de las demás disciplinas que hacen a la cuestión. Esos extremos son corroborados, a su vez, por el informe social” lo que termina por configurar la causales previstas en la última parte del inciso 2 del artículo 85 del Código Penal y concurre la prevista en el artículo 86 inciso 2 del mismo cuerpo legal.
En virtud de ello –dijo el juez- “debe afirmarse en grado de certeza que Miranda Ruiz actuó autorizada por la ley; por lo tanto, su actividad fue lícita y ello impone dictar el consiguiente sobreseimiento”.
Miranda Lucía Ruiz se desempeña como médica residente del Hospital de Tartagal, que está 365 kilómetros al norte de la capital salteña, y brinda asistencia a las consultas sobre anticoncepción y planificación familiar, y fue imputada por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gonzalo Vega, por el delito de “aborto sin consentimiento”.
Del decreto de imputación surge que la médica habría intervenido en el procedimiento de interrupción voluntaria de un embarazo de 22 semanas y dos días, realizado a una joven de 21 años, "sin su consentimiento, ya que previamente habría manifestado su arrepentimiento".
La denuncia contra la profesional fue radicada por una tía de la gestante.
Ruiz, que estuvo detenida durante algunas horas, en septiembre pasado, luego de ser imputada, aseguró en la oportunidad que ella no puede "obligar a nadie a abortar", y destacó que, como médica residente, no actúa sola en casos como este, sino con el aval de la institución.
Los dos pedidos de sobreseimientos fueron rechazados por el juez de Garantías de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, por lo que la defensa jurídica de la profesional presentó la apelación correspondiente, que ya se encuentra en la Vocalía 2 de la Sala I del Tribunal de Impugnación de Salta.
