La jueza de Corte a cargo de la Oficina de Género, Sandra Bonari, propuso adoptar nuevas medidas para asegurar el cumplimiento efectivo de la Ley Micaela.
El proceso de capacitación que en el marco de esa norma viene brindando esa oficina, ha permitido que un 82% de integrantes de la magistratura y un 75% del funcionariado hayan concluido hasta hoy, con los contenidos correspondientes al curso sobre perspectiva de género y acceso a justicia.
Con esos resultados, se propuso, en lo referente a la planta administrativa y de servicios generales, con quienes se vinculan al Poder Judicial a través de alguna figura contractual y con el personal que presta el servicio de vigilancia, la capacitación como requisito obligatorio para el ingreso, ascenso o contratación.
Concretamente, se propuso establecer que a los fines del ascenso, los y las agentes de la planta administrativa y de servicios generales deberán aprobar el Curso Acceso a Justicia y Género – Ley Micaela, aprobado por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, y elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es dictado en nuestra jurisdicción a través de la Oficina de Género.
Asimismo, en relación con las nuevas designaciones en esa planta, se propuso que el curso mencionado forme parte de los contenidos del programa de capacitación básica para ingresantes y que su aprobación será un requisito a efectos de la confirmación en el cargo.
Cabe señalar que en un inicio se dio prioridad a la capacitación de magistrados, magistradas, funcionarios y funcionarias en atención a las responsabilidades que les competen en aras a asegurar el deber de debida diligencia en materia de acceso a la justicia de mujeres y diversidades sexuales.