En un procedimiento abreviado llevado a cabo en la Sala III del Tribunal de Juicio, Isabel Hortencia Bega (61) fue condenada a dos años de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos por resultar autora material y penalmente responsable del delito de peculado.
El juez Pablo Farah homologó el acuerdo civil propuesto por las partes y le impuso a la condenada, por el término de dos años, las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio y someterse al control del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervino la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos, Ana Inés Salinas. La imputada fue asistida por Gustavo Martínez. Ejerciendo la acción civil por la damnificada Provincia de Salta intervino María Virginia Cabral, de la Fiscalía del Estado.
Durante el juicio abreviado, la acusada expresó su conformidad con las implicancias del acuerdo al que arribaron las partes y admitió su culpabilidad en el hecho juzgado.
Las actuaciones se iniciaron por un expediente caratulado “Escuela 4063 Dr. Victorino de la Plaza, Dpto. Cachi s/ Irregularidades en el manejo de fondos detectados por cambio de dirección”, efectuado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta.
La investigación comenzó a raíz de las notas y actas presentadas por la directora interina de la escuela, correspondientes al año 2010, cuando la dirección se encontraba a cargo de Isabel Hortensia Bega de Vargas. En ellas se denunciaban irregularidades en la rendición de fondos del Programa PIIE (Programa Integral para la Igualdad Educativa). Se advertían deudas con diferentes proveedores del comedor escolar que funcionaba en el establecimiento. Además, dos docentes de la institución realizaron una exposición policial asegurando que sus firmas habían sido falsificadas para dos supuestas compras.
También se detectaron irregularidades en relación a una orden de pago correspondiente al Programa Volver a la Escuela.
Se identificaron así falencias administrativas dadas por la ausencia de registros contables y comprobantes en la rendición de las sumas entregadas en los dos programas mencionados.
El término peculado hace referencia a una “estafa o fraude del patrimonio público”. Este delito consiste en la sustracción indebida de recursos pertenecientes al Estado por parte de quienes se encargan de su resguardo y supervisión. Por lo antes descrito, se puede decir entonces, que el peculado forma parte de lo que todos conocen como corrupción.
El capital por el que llegó demandada la acusada ascendía a 34.146,63 pesos. Actualizada esa suma desde el 1 de noviembre de 2009 hasta el 10 de mayo de 2022, con tasa activa del Banco Nación, se concluyó que la deuda por todo concepto por parte de la demandada ascendía a 162.774 pesos.