El Senado provincial hizo entrega a seis comunidades originarias las carpetas técnicas jurídicas y catastrales que acreditan la finalización del relevamiento territorial dispiuesto por la Ley Nacional N°26160. Se trata de un paso previo a una Ley del Congreso Nacional.
Como parte de un amplio trabajo de articulación entre las comunidades originarias y los gobiernos nacional y provincial, en el Senado de Salta se llevó a cabo este martes el acto de entrega de carpetas técnica jurídica y catastral que acreditan la finalización del relevamiento territorial ordenado por la Ley Nacional N°26.160.
La ceremonia fue encabezada por el presidente del cuerpo, vicegobernador Antonio Marocco y contó con la participación de los senadores, Walter Cruz; Jorge Soto; Dani Nolasco; el director de Tierras del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); Martín Plaza; el Secretario de Asuntos Indígenas; Luis Gómez Almaraz; el delegado del Consejo de Participación Indígena, Cornelio Bonifacio Herrera; el Vocal de la etnia Coya en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), Faustino Peloc y el delegado del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Tane de Souza; además de representantes de comunidades originarias.
La Ley Nacional N°26.160, aprobada en 2006, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. En ese marco se determina un relevamiento territorial con vistas a la futura sanción de una Ley de propiedad comunitaria, por cuya demora se debió recurrir en sucesivos años a su prórroga para evitar el desalojo de las comunidades.
Actualmente se avanza con el proceso de relevamiento, habiendo alcanzado a nivel nacional un millar, sobre un total de 1.700 comunidades y en la provincia unos 250, sobre 500 comunidades reconocidas.
En esta ocasión el relevamiento se completó sobre cinco comunidades coyas del departamento de Iruya y una wichí en el departamento San Martín. Ellas son la comunidad, San Pedro; Alisar del Porongal; San José; La Banda; Mesada Grande y La Loma de la ciudad de Embarcación.
En su discurso, el vicegobernador Marocco destacó el trabajo de muchos años entre comunidades, Provincia y Nación para avanzar en una “justa reparación”.
Evocó el genocidio de comunidades como la Qom, ocurrida en Chaco hace 98 años en la masacre de Napalpí, considerada como crimen de lesa humanidad por parte de la justicia y lo contrapuso con el actual reconocimiento nacional a las comunidades originarias y a los héroes de la historia, “que permitirán destacar a Martín Miguel de Güemes y Juana Azurduy en un billete”, o al “esfuerzo integracionista que llevan adelante hoy los gobernadores del Norte Grande”.
Por su parte, Cruz sostuvo que este relevamiento territorial es el comienzo de un proceso que costó vidas, peleas y sufrimiento a los pueblos originarios” y reiteró el pedido a los legisladores nacionales para el tratamiento de un proyecto de Ley de Propiedad Comunitaria de las tierras. Nolasco, en tanto, instó a “seguir el trabajo en busca del reconocimiento de las demás comunidades”.
Plaza explicó que el fin del relevamiento técnico jurídico y catastral tiene es “resguardar territorio, vida y desarrollo sustentable de las comunidades a y la vez reconocer posesión actual, tradicional y pública de tierras, fortaleciendo la identidad de los pueblos”.
En tanto, Gómez Almaraz dijo que “este acto reivindica los derechos de pueblos” y Herrera opinó que luego de la obtención de los títulos comunitarios “llegará la etapa de desarrollo de las comunidades”.
Previo a la entrega miembros del consejo de ancianos o curacas presentes efectuaron una ceremonia de homenaje a la “Pachamama”, pidiendo tolerancia, paz, amor equilibrio y sanación para toda la humanidad.