En la segunda jornada de la audiencia debate, el exintendente de Iruya, Alfredo Daniel Soto, acusado de los delitos de peculado en dos hechos, en calidad de autor y en concurso real, prestó declaración. La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, realizó preguntas sobre los hechos juzgados y el exintendente brindó su versión, negando la acusación en su contra. En la audiencia también brindó testimonio una contadora del Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quien detalló los pasos seguidos durante la investigación penal y las inconsistencias encontradas en el manejo de fondos públicos en el municipio de Iruya durante la gestión del exintendente, tal como se refleja en el Informe Pericial del CIF. Por último, declararon otros testigos ofrecidos por la defensa.Las audiencias continuarán hoy y mañana en Iruya. Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el 18 de febrero de 2020, la apoderada de la Municipalidad de Iruya radicara una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal. Según lo expuesto por la fiscal Salinas Odorisio, el acusado, en su calidad de Intendente, emitió el 6 de diciembre de 2019 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $970.000, los cuales cobró personalmente el 9 de diciembre de 2019. No existe constancia del destino de estos fondos y, según la denuncia de la gestión municipal que lo precedió, no se ha realizado una rendición de cuentas ante la Municipalidad. En cuanto al segundo hecho, la titular de la UDEC considera que el exintendente acusado omitió rendir la cantidad de $5.878.073,43, de los casi 15 millones que la comuna había recibido en su momento del Ministerio de Desarrollo Social y que correspondían a los programas sociales AIPAS (Asistencia Crítica y Pan Casero). Por otro lado, la auditoría interna de la Municipalidad de Iruya puso de manifiesto la existencia de un faltante de casi 8 millones de pesos y un informe de cheques rechazados reveló que, un día antes de la finalización del mandato del exintendente, este había librado títulos por un importe equivalente a $ 5.397.032,62.