En un encuentro ampliado, las comisiones de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, y de Justicia, Acuerdos y Designaciones del Senado se reunieron con funcionarios del Ministerio Público Fiscal a los fines de avanzar con la ronda de consultas sobre el proyecto de Ley de Reforma del Código Procesal Penal de la Provincia.
El encuentro fue encabezado por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad; junto a los presidentes de ambas comisiones, Javier Mónico por Legislación General y Jorge Soto por Justicia y contó con la participación de los senadores; Walter Wayar; Leopoldo Salva; Gonzalo Caro Dávalos; Juan Cruz Curá; Sergio Saldaño; Miguel Calabró; Walter Cruz; Alejandra Navarro; Luis Altamirano; Esteban D’Andrea; Sonia Magno y Diego Cari.
Por el MPF asistieron el Procurador General, Pedro García Castiella, acompañado por el Coordinador de Fiscales, Pablo Rivero; el Secretario de Política Criminal de la Procuración, Gaspar Solá Usandivaras; la directora del CIF, Gabriela Buabse; la Fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género, Verónica Simesen de Bielke y el titular de la Unidad de delitos contra la integridad sexual, Sergio Federico Obeid.
En líneas generales, García Castiella sostuvo que el MPF coincide con la visión de los senadores y de la Corte de Justicia, respecto a la necesidad de avanzar con las reformas al sistema acusatorio iniciadas en Salta en el año 2011, para llegar a un sistema de oralidad que contribuya a agilizar el servicio de justicia, imprimiéndole mayor velocidad y transparencia.
Sin embargo el organismo planteó observaciones por entender que el proyecto plantea un cambio de diseño procesal, que lleva al actual sistema acusatorio a otro adversarial, que sin la debida transferencia y reasignación de recursos financieros y humanos, generará un mayor impacto en el MPF, recargando de sobremanera la tarea de los fiscales y también en el sistema carcelario provincial, cuya infraestructura ya se encuentra colmatada.
Con datos de setiembre de 2022 a igual mes de 2023 dijo que el MPF recibió en un año solo en el Distrito Centro, 94.763 denuncias, de las cuales 2.153, es decir menos del 3%, se transfirieron al Poder judicial para juicio, aclarando que las otras 92 mil causas se resuelven a través de un trabajo de depuración que incluye entre otras cosas, mediación, acuerdo de partes, desestimación, archivo, etc.
Consideraron que duplicar las audiencias multiprósito, que en la actualidad son dos, en cuatro audiencias: de imputación; de control de acusación, de prueba y de juicio oral, haría difícil continuar con la descentralización de las fiscalías, que en el interior está dando buenos resultados; además de recargar la tarea de los fiscales.
García Castiella aclaró que el MPF acompaña el plan piloto de oralidad implementado por la justicia, pero dentro de un modelo acusatorio de primera generación y no en un sistema adversarial que implicaría una contradicción en lo dogmático con el CPP.
Puso como ejemplo la provincia de Mendoza, donde con el nuevo sistema, el número de encarcelados pasó de 3.800 en 2015 a más de 6.000 este año, obligando a dotar de mayor infraestructura carcelaria, hasta llegar a los 22 complejos. En Salta hoy existen unas 3.100 personas privadas de la libertad, cuando la capacidad es de 1.200 y solo tenemos un proyecto para duplicar la capacidad de la alcaidía, acotó.
En la misma línea, el fiscal Rivero consideró que avanzar a un sistema adversarial, basado en un juez que debe meritar la oposición que existe entre un defensor, que busca el cumplimiento de las garantías del imputado, y un fiscal, que lleva adelante la acusación, se pueden perder los beneficios de la descentralización del MPF por la necesidad continua de traslado de los fiscales a las múltiples audiencias. La fiscal Simesen dijo que las estadísticas marcan que en la región existe un fiscal casa 15 mil habitantes y en Salta es uno cada 40 mil. También hizo hincapié en el achicamiento de 15 a 5 días en los plazos de los fiscales para producir pruebas; lo que de acuerdo a la fiscal Buabse, no ayudarán a producir pruebas de calidad. También el fiscal Obeid dijo que la multiplicación de audiencias puede llevar a revictimizar a aquellas personas que son víctimas de delitos contra la integridad sexual por ejemplo y el fiscal Solá acotó que desde 2011 se realizan convenios con las fuerzas de seguridad para transferir al MPF oficinas especializadas de la policía para ayudar en la investigación.
El senador D’Andrea se refirió a su proyecto sobre fueros, adjuntado al proyecto general, con la idea de poner en claro a los magistrados que los mismos no implican inmunidad de proceso sino de arresto según lo aclara la ley nacional.
Finalmente los senadores valoraron los aportes y anticiparon que la ronda de consulta proseguirá con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia. “Hay coincidencias en mejorar la calidad del servicio con la oralidad, sostuvo Soto. En tanto Mónico afirmó que la “oralidad mejora la calidad de justicia y la gente lo percibe cómo positivo” y Lapad consideró que estas consultas constituyen un debate necesario, con un Senado que escucha a todas las partes y entiende que “Salta es pionera en la materia y no debe perder ese rumbo”.