La Procuración General de la Provincia de Salta participó de una reunión en la cual se trató el Proyecto de Ley para modificar la ley 7888 de “Protección de Violencia de Género”.
En representación del Ministerio Público Fiscal de Salta, asistieron las fiscales de Violencia Familiar y de Género María Lujan Sodero Calvet y Elisa Pérez; el fiscal penal de Delitos contra la Integridad Sexual Pablo Rivero, el secretario relator de la Procuración, Aldo Saravia; la coordinadora de la Oficina de Coordinación y Antecedentes de Violencia de Género, Ana Salas; y el auxiliar fiscal de Violencia de Género Marcos Vega.
Durante la reunión, los representantes del Ministerio Público Fiscal compartieron su perspectiva y análisis sobre el proyecto, destacando aspectos que resultaron interesantes y positivos. Entre ellos, se resaltó la inclusión de conceptualizaciones que amplían la protección a víctimas pertenecientes a grupos vulnerables, como es el caso de las personas del colectivo LGTBI. Este enfoque refleja una importante evolución, ya que la propuesta legislativa no se limita únicamente a la protección de la mujer, sino que busca amparar a cualquier persona que sufra violencia como resultado de la discriminación de género.
En el transcurso del encuentro, se expresó la preocupación de que la normativa propuesta no permita un esquema superador a algunos problemas prácticos actuales, incluyendo la duplicidad de actuaciones y la necesidad de un enfoque integral para abordar estos casos. En respuesta a esta inquietud, se informó que tanto la Procuración General de la Provincia de Salta como la Corte de Justicia están trabajando en un modelo de abordaje transversal de la violencia, en el marco de la Comisión de Modernización de la Justicia de la cual forma parte el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella. Este enfoque se enmarca dentro de los esfuerzos de modernización del sistema de justicia en general, y tiene como objetivo mejorar la calidad de respuesta a las víctimas y optimizar los recursos disponibles.
Los participantes reafirmaron su compromiso con la protección de los derechos de las víctimas de violencia de género y expresaron su disposición a colaborar con otras instituciones con el fin de mejorar la efectividad y calidad de la respuesta judicial.