Mediante la Resolución Nº 1339, el Procurador General Pedro García Castiella solicitó a la Fiscalía de Derechos Humanos tome intervención, lo antes posible, ante cualquier denuncia ya radicada o que se radique contra personal de las fuerzas de seguridad y/o penitenciaria, por hechos relacionados con estas prácticas delictivas aberrantes; instando a agilizar las investigaciones de modo eficaz y oportuno, reunir los elementos que permitan su enjuiciamiento y sanción penal en caso de corresponder, como también las medidas de protección indispensables para resguardar a las víctimas; incluyendo también en aquella resolución a las restantes fiscalías a intensificar el control respecto de estos graves delitos .
El pasado lunes 25 de abril, el fiscal de Derechos Humanos Gabriel González, se constituyó en la ciudad de Rosario de la Frontera, a fines de verificar el estado de las actuaciones relacionadas con la materia, y procedió a la correspondiente toma de declaraciones testimoniales, y otras verificaciones determinadas.
A partir de dicho contralor, la Fiscalía de Derechos Humanos, entre otras medidas, dispuso impulsar cuatro actuaciones correspondientes a denuncias que ya se encontraban radicadas con anterioridad realizadas en Metán y Rosario de la Frontera, siendo las víctimas notificadas sobre la facultad de constituirse en querellantes y/o actores civiles. y dispuso la citación a Audiencia de Imputación a Gustavo Orlando Orozco para el día miércoles 4 de mayo, Víctor Hugo Orellana, Diego Leopoldo Arias, Rubén Darío Medina, para el día jueves 5; Nelson David Rojas y Denis Arnaldo Coronel para el día viernes 6 de mayo próximo. Dichas actuaciones se corresponden con cuatro hechos distintos de denuncias de supuesta imposición de torturas. El decreto de Imputación lo es por Imposición de Torturas (4 hechos), Privación Ilegítima de la Libertad Agravada por el Uso de Violencias (dos hechos) y Apremios Ilegales Agravados por la Violencia.
Además, se dispuso la correspondiente notificación a Jefatura de Policía de la Provincia de Salta, ordenando luego de las audiencias de imputación, la remisión de planillas prontuariales de los imputados, en caso que estos no se encuentren identificados patronímicamente; y se requirió al Jefe de Policía, que proceda a la extracción de tres juegos de fichas dactilares para la confección de los registros correspondientes.
En la resolución de Procuración General antes aludida, se advertía respecto de la obligación del Estado y todos sus organismos, respecto de asegurar investigaciones eficaces y oportunas, que permitan combatir y erradicar este tipo de prácticas incompatibles con la condición humana, y la violencia institucional en general, compromiso asumido por la República Argentina ante el concierto internacional, a partir de la adhesión a los tratados e instrumentos internacionales que forman parte de la Constitución Nacional, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El Ministerio Público Fiscal a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, relevó 35 denuncias en contra de Gustavo Orlando Orozco.
Son tres las causas ya tramitadas, en Fiscalía de Derechos Humanos, con Decreto de Imputación, Requerimiento de Remisión de Causa a Juicio, Auto de Elevación y Juicio, y con audiencia de debate fijada y suspendida. La última suspensión fue como consecuencia de un Recurso de Casación por denegatoria de un pedido de Sobreseimiento por vencimiento del plazo razonable que planteó la defensa técnica, el Recurso de Casación fue denegado por los Jueces Dres. Guillermo Poliotto y Virginia Solorzano del Tribunal de Impugnación Sala II en fecha 9/09/21. Posteriormente se interpuso Recurso de Inconstitucionalidad local, y la causa se encuentra actualmente elevada a la Corte de Justicia de Salta desde el 15/10/ 21. Oportunamente la Corte de Justicia debió dirimir una cuestión de Competencia y ordenó al Juez de Joaquín V. González, Dr. Sebastián Guzmán, que sea quien intervenga en el plenario. Estas causas son por Imposición de Tortura, Coacción, Vejaciones agravadas por el uso de la violencia y Severidades siendo tres las víctimas en estos hechos. Se creó Unidad Fiscal para el Juicio Oral y Público, integrada por los fiscales Ramiro Ramos Ossorio y Oscar López Ibarra.
Otra causa de Fiscalía de Derechos Humanos con decreto de imputación, Requerimiento de Remisión de Causa a Juicio y Auto de Elevación a Juicio, ordenando la Jueza de Garantías Edith Rodriguez (interina), que al momento de la efectiva remisión de la causa al Tribunal de Juicio correspondiente se notifique a la Cámara de Diputados en los términos del art. 122 de la Constitución de la Provincia de Salta, a sus efectos. Actualmente la causa se encuentra en trámite ante el Tribunal de Impugnación por un Recurso de Casación planteado por la defensa técnica de Gustavo Orozco por la denegatoria del sobreseimiento por vencimiento del plazo razonable. El 25/04/22 el Tribunal de Impugnación Sala IV, rechazó el recurso de casación esperando el vencimiento de los términos para que vuelvan al Juzgado de Garantías Quinta Nominación.
Otra causa tiene Decreto de Imputación, requerimiento de remisión de la causa a juicio presentado por la Unidad Fiscal integrada por los fiscales Gabriel González y Verónica Simesen de Bielke, que se encuentra en trámite de elevación en el Juzgado de Garantías N°2 de Metán a cargo de Dr. Mario Dilascio desde fecha 12/11/21, por el delito de Amenaza, ocurrido el 28/07/21 en Rosario de la Frontera.
Con decreto de imputación por Apología del Delito del año 2020, otra causa, tiene pedido de fiscalía de Rosario de la Frontera de clausura provisoria de la investigación penal preparatoria, en junio del año 2021, por prueba pendiente de incorporación, solicitada a Facebook. Fiscal interviniente Dr. Nicolás Rodríguez.
Además de las causas indicadas, aún existen otras actuaciones en trámite de averiguación preliminar, tanto en Fiscalía Derechos Humanos como en Fiscalía de Rosario de la Frontera.
Fuente: Ministerio Público Fiscal de Salta