En dependencias del Senado se llevó adelante un nuevo encuentro ordinario de la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, juntamente con el Consejo Consultivo. En la ocasión se analizaron los últimos pasos dados en torno de la problemática de la sobrepoblación carcelaria, en particular de las condiciones de alojamiento en comisarías policiales; los avances para la creación de un registro de muertes bajo custodia y acciones de capacitación en materia de ejecución de sentencias.  En primer lugar, se dio a conocer el resultado de un trabajo de monitoreo integral de condiciones de detención en comisarías provinciales. Allí están alojadas 850 personas en condiciones de hacinamiento más graves que las que se viven en establecimientos penitenciarios. Ante la persistencia de esta situación se avanzó en la presentación de un Hábeas Corpus ante la Corte de Justicia, con el fin de frenar nuevos ingresos, solicitar el traslado a complejos penitenciarios y, fundamentalmente, lograr la convocatoria a una mesa interinstitucional de trabajo que pueda avanzar en la provisión de las soluciones requeridas mediante el diseño de una política pública. Además, consideraron que la mesa sería ámbito de análisis del proyecto de Ley de modificación del régimen orgánico del Servicio Penitenciario. Agregaron que el problema de detenidos en comisarías se agudiza en lugares como Orán, San Martín, Metán y Rosario de la Frontera, donde procesados conviven con penados; con calabozos abarrotados, que cuentan con un solo baño, casi sin posibilidad de visitas y hasta de salidas al patio y donde dos policías deben ocuparse de hasta 40 alojados. A ello se suma que, en algunos casos, la infraestructura es tan precaria que no ofrece posibilidades de refacción, por lo que se recomienda su clausura, como ocurre con dos comisarías de Tartagal.