El proyecto impulsa la modificación de la Ley provincial Nº 8.275 para prohibir que personas condenadas en segunda instancia por delitos de tráfico de estupefacientes o lavado de dinero puedan ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales. Para ultimar el análisis del Proyecto por el cual se impulsa modificar el artículo 1° de la Ley 8.275 denominada de “Ficha Limpia”, senadores recibieron al Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella.  Del encuentro ampliado, encabezado por el presidente de la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional, Javier Mónico, participaron los legisladores, Mashur Lapad, Jorge Soto, Walter Wayar, Leopoldo Salva, Héctor Calabró, Diego Cari, Alejandra Navarro, Leonor Minetti, Walter Cruz, Dani Nolasco y Luis Altamirano. Por el MPF asistieron también el secretario de Política Criminal, Gaspar Solá Usandivaras y el Coordinador Gral de Fiscales, Pablo Rivero. La iniciativa llega con la aprobación de la Cámara de Diputados y propone el agregado de un ítem al artículo 1° de la Ley ya vigente, por el cual no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales y municipales los condenados por sentencia judicial en segunda instancia por el plazo que dure la condena, computado a partir del momento en que el Tribunal de segunda instancia dicte la sentencia confirmatoria por los delitos de Tráfico de Estupefacientes previstos en la Ley 23.737. Aclara además que en el caso de los condenados que no hubiesen recurrido la sentencia condenatoria, el plazo se computará a partir del dictado de dicho fallo. Al respecto, García Castiella consideró necesaria la modificación de la Ley de Ficha Limpia agregando entre las causales de inhabilitación para presentarse como candidatos a cargos públicos, tanto provinciales como municipales, a quienes resulten condenados por delitos de narcotráfico o lavado de dinero. Sostuvo que el narcotráfico busca infiltrarse en todos los ámbitos de la vida social y resulta necesario fortalecer la integridad del sistema democrático y prevenir intrusiones que puedan comprometer la seguridad y estabilidad del Estado por parte del crimen organizado. En igual sentido consideró que el tema de las inhabilitaciones para ser candidato a cargos públicos debería legislarse también a nivel nacional, ampliando los alcances de la Ley 23.737. Opinó que el mapa del delito cambió en Argentina y de ser un país de paso hace 15 o 20 años hoy ofrece una realidad muy diferente, donde casi todo delito está vinculado con el consumo de drogas y las adicciones.