Movimientos Provida realizarán una marcha por la Vida el sábado 23 de marzo a partir de las 17, desde la Plaza Güemes hasta la Plaza 9 de Juio, y será en rechazo a la ley 27610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. (IVE)
Desde la sanción y aplicación de la ley 27.610 se realizaron cerca de una treintena de presentaciones solicitando la inconstitucionalidad.
En la provincia se realizaron tres pedidos a la Corte Suprema de Justicia. La presentación está firmada por 11 personas de las cuales 6 son salteños. La acción de inconstitucionalidad se presentó en diciembre del 2020 ante el juzgado federal N° 2 de Salta, a cargo de Miguel Medina. El pedido fue recibido por el fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, que solicitó el tratamiento de la demanda. Entre los firmantes se encuentra la actual ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore.

Puntos del proyecto de ley
En febrero pasado, la diputada Rocío Belén Bonacci (La Libertad Avanza) presentó un proyecto para la derogación de la ley de aborto (Nº 27.610).
La presentación estuvo acompañada por los diputados Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y Oscar Zago.
El proyecto busca modificar el artículo 85 del Código Penal para que reciba una pena de reclusión o prisión de tres (3) a diez (10) años, quien lleve a cabo un aborto sin consentimiento de la mujer y de 1 a 4 años si la práctica se lleva a cabo con aprobación de la madre.
Los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que causen abortos o colaboren en ello, serían inhabilitados profesionalmente por el doble del tiempo de la condena.
La mujer que cause el aborto de su hijo o consienta que otra persona lo haga, tendrá una pena de prisión de 1 a 3 años.