La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, junto al procurador general Pedro García Castiella y el fiscal penal de la Unidad contra la Narcoriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto, integrantes de la Unidad Fiscal que investiga presuntos actos de corrupción en el Servicio Penitenciario de Salta, imputaron a las dos personas detenidas en los allanamientos realizados el jueves pasado.
Los imputados se abstuvieron de declarar, siendo asistidos por abogados particulares. El agente penitenciario, por el abogado Fernando Díaz Zabalaga; mientras que el otro imputado fue asistido por los abogados defensores Sandra Bonari y Esteban Nieva Haro.
Basándose en nuevos hechos surgidos de la investigación y documentación disponible, la fiscal Salinas Odorisio imputó al hombre que se desempeña en el Servicio Penitenciario por el delito de exacciones ilegales agravadas -concusión-, tipificado en los artículos 266 y 268 del Código Penal.
Se le acusa en su calidad de funcionario público de exigir indebidamente dádivas a los internos penados que se encuentran bajo su custodia durante el período comprendido entre los años 2022 y 2023. Estas consistían, en sumas de dinero a cambio de favores como obtener buenas calificaciones en concepto y conducta, acelerar trámites para la obtención de beneficios penitenciarios, como salidas transitorias o cambios de pabellón, entre otros. Además, se le imputa facilitar el ingreso de elementos no permitidos, como celulares, cargadores, comidas y bebidas, según el reglamento interno de las Unidades Carcelarias.
En cuanto al otro detenido, se lo imputó como partícipe necesario del delito de exacciones ilegales agravadas –concusión- en relación con un hecho específico. Se lo acusa de haber actuado como nexo con familiares de un interno, solicitándoles dinero a cambio de gestionar ciertos beneficios dentro de la Unidad Carcelaria Nº1.
La Unidad Fiscal solicitó la prisión preventiva de ambos en el día de la fecha.