Este jueves arrancó el juicio contra la exdirectora del PAMI en Salta, Verónica Molina, y el exasesor de la ANSES local, Marcos Vera Ramírez, por concusión agravada, malversación de caudales y peculado. Cabe recordar que fue en el 2021 que salió a la luz un supuesto cobro del 20% de sus sueldos destinados a la agrupación kirchnerista La Cámpora, al que eran sometidos empleados del Pami, por parte de quien era su directora y el exasesor. La irregularidad se conoció en otro juicio, no menos escandaloso, cuando fueron condenados dos exgerentes del PAMI en Salta por haber recibido de manera indebida la ayuda económica nacional del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) durante el primer año de la pandemia del COVID, en 2020. En la oportunidad, los acusados habían contado que estaban obligados a realizar "aportes" a La Cámpora. La organización partidaria oficialista no sólo había cooptado las administraciones del PAMI y la ANSES en Salta sino que también hizo lo propio en todas las gerencias de estas instituciones del país, como parte del acuerdo de la coalición que llevó a Alberto Fernández a la presidencia. Tras esas confesiones, el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, inició una investigación y descubrió una serie de evidencias, entre ellas audios y capturas de mensajes telefónicos, en los cuales se menciona el pago de aportes denunciado. Además, en el peritaje del teléfono celular de una de las exgerentes juzgada por el IFE comprobó que la exigencia del pago del 20% provenían de números telefónicos pertenecientes a Vera y Molina. Toranzos relevó, además, que en la cuenta bancaria de Vera detectó un total de 44 transferencias de dinero de otros funcionarios del PAMI por un monto de 436.964 pesos (esto entre 2020 y parte del 2021). Además de los pagos mediante transferencia, la investigación fiscal indicó que los acusados utilizaron el sistema interno de "bolsín" del PAMI, lo que surgió también de los audios y capturas de mensajes. En otros casos, en tanto, los gerentes eran citados a la sede para efectivizar esos aportes espurios. También están incluidos por el mismo delito que se les imputa a Molina y Vera, y en calidad de partícipe necesarios, a otros dos funcionarios del PAMI y a un dirigente político local. Se trata de Gustavo Emilio Gerónimo, coordinador del Modelo de Atención Personalizada; Diego Jesús Albornoz, coordinador Ejecutivo; y Fernando Ruarte, quien era concejal capitalino al momento de los hechos.