Con el aporte de funcionarios del Poder Ejecutivo, el Senado comenzó a analizar en comisión el proyecto de Ley que modifica el artículo 380 del Decreto Ley 9/75, referido a la regulación del Fondo Estímulo de la Dirección General de Rentas. En reunión ampliada, la Comisión de Economía, Finanzas Públicas, Hacienda y Presupuesto del Senado, comenzó el análisis del proyecto de Ley que modifica el artículo 380 del decreto Ley 9/75, referido a la regulación del Fondo Estímulo para el personal de la Dirección General de Rentas, que llega al cuerpo tras la aprobación de la Cámara Baja. El encuentro fue encabezado por el presidente de la comisión, Juan Cruz Curá, junto a los senadores, Jorge Soto, Dani Nolasco, Gustavo Carrizo, Walter Wayar, Gonzalo Caro Dávalos, Alejandra Navarro, Leonor Minetti, Leopoldo Salva, Sonia Magno, Luis Altamirano, Héctor Calabró y Walter Cruz. Por el Ejecutivo asistieron, la Coordinadora Gral. Del Ministerio de Economía, Elizabeth Safar; el Secretario de Recursos Humanos, Eilif Riise y el Secretario de Trabajo, Alfredo Batule. El proyecto instituye una cuenta denominada “Fondo de Estímulo” que se conforma con un porcentaje de la recaudación de impuestos, tasas y contribuciones percibidos por la DGR y su finalidad es el otorgamiento a los empleados de una suma de dinero ajustada a determinadas pautas, condiciones y niveles de rendimiento. Este fondo se conformaba originalmente con el cinco por mil de la recaudación del organismo y contemplaba como tope el 50% del total del sueldo percibido por el beneficiario. Con la modificación aprobada en Diputados, se establece que el mismo se acreditará con el diez por mil del importe de la recaudación de impuestos, más el veinticinco por mil sobre el incremento interanual registrado en cada mes, con lo cual el monto de los premios no podrá exceder el equivalente a un sueldo percibido por cada beneficiario.  Zafar dijo que el Ejecutivo trabaja hace un año en distintas instancias para contener el gasto público. Así, en diciembre de 2023 se prorroga la Ley de Emergencia Económica y se establece un tope salarial para toda la administración, lo que implicó entre otras cosas el congelamiento por 6 meses de los sueldos de los funcionarios. Agregó que ninguna repartición podía cobrar en concepto de premio una cifra mayor a un sueldo y aclaró que ese tope salarial existe en todas las provincias en diferentes porcentuales, siendo Salta el más alto con el 100%. Safar dijo que la voluntad del gobierno fue la de dialogar a través de las paritarias, pero que algunos empleados resolvieron judicializarlo presentando denuncias penales y una acción de amparo ante la Corte, que derivó en una acción de inconstitucionalidad de la Ley 8417 de Emergencia Económica, que aún está pendiente de resolución.