En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó la ordenanza que establece un incremento en el valor de las multas que deben pagar los funcionarios municipales si demoran o no responden a los pedidos de informe que solicitan los concejales.  “Convivimos y cogobernamos esta ciudad y, para ello, necesitamos información”, aseguró Pablo López al momento de informar sobre la iniciativa.  Advirtió que los legisladores municipales representan a los vecinos de la ciudad y que tienen que legislar, por lo que el tener la información se hace sumamente importante para cumplir con sus tareas.  “Mucha de esa información no es fácil de conseguir. Hay una ordenanza vigente que establece multas, pero lo que propongo es aumentar esas multas entendiendo que han quedado desactualizadas”, señaló López. Finalmente, resaltó que, promulgada la ordenanza, el funcionario que no conteste pedidos de informe en tiempo y forma deberá pagar una multa de $340.000 y a este monto se sumarán $34.000  por cada día extra que pase sin enviar el informe solicitado.