Referentes de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros de la Puna plantearon en el Senado la necesidad de ampliar la participación de las Pymes locales en la cadena de valor de la minería. Legisladores propusieron la creación de un observatorio que ayude a generar políticas para el sector.
En busca de una mayor inserción de las Pymes locales en la cadena de valor de la minería, la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna Argentina planteó a la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado la modificación de la Ley provincial N° 8164, de promoción minera, con el fin de ampliar y garantizar la contratación de los servicios que ofrecen las empresas de la región.
El encuentro tuvo lugar este miércoles, fue encabezado por el presidente de la Comisión, Miguel Calabró y contó con la participación de los senadores, Leopoldo Salva, Dani Nolasco, Walter Wayar, Leonor Minetti, Alejandra Navarro, Sonia Magno y Enrique Cornejo. Por CAPROSEMITP asistieron su presidente, Gabriela Miranda, el vicepresidente, Vicente Arias; el secretario de relaciones institucionales, Luis Vacazur y los directivos, José Salva, Carlos Ferril, Heber Martínez y Claudio Quinteros.
Expresaron que la entidad se originó en 2013, siendo la primera cámara pyme del país de pueblos originarios, que tiene como misión desarrollar proveedores para la actividad minera.
No obstante advirtieron que la reglamentación de la Ley 8164 no marca con precisión aquello que estaba en el espíritu de la norma, que era la contratación de un mayor porcentaje de proveedores locales.
Al respecto el artículo 17 de la Ley expresa que las empresas mineras que operen en la Provincia preferentemente deberán contratar obras, bienes, insumos o servicios prestados por proveedores locales en un porcentaje no inferior al setenta por ciento del monto total anual contratado con todos sus proveedores.
“Planteamos que funcione el compre local mediante la contratación de proveedores de la puna y así se forme una cadena de valor”, expresó Vacazur, que pidió avanzar con mayores controles, pero no solo a las mineras, sino también a proveedores, contratistas y pymes.
También pidieron que se avance con regulaciones en materia de obras y medio ambiente. Pusieron como ejemplo la necesidad que se construya un aeropuerto en Tolar Grande y otro en Olacapato, en lugar de las múltiples pistas que están llevando adelante todas las mineras y que se controlen los desechos de la actividad para evitar que se generen pasivos ambientales.
Por su parte los senadores propusieron generar un observatorio de la actividad, para que en un corto plazo funcione como un ente rector que ayude a generar políticas para el sector.
Consideraron que, al no haber comenzado aún la extracción industrial de litio, están dadas las condiciones para avanzar con mayores controles sin afectar la seguridad jurídica. Para ello propusieron que la Secretaría de Minería pueda instalarse en San Antonio de los Cobres.
Indicaron que la minería está por despegar, tratándose de una actividad que puede extenderse en un promedio de treinta años y advirtieron que en la Puna no puede volver a pasar como ocurrió con localidades como Vespucio y Mosconi tras la privatización de YPF, por lo que se debe trabajar para generar infraestructura y capacitar por un lado a trabajadores y por otro a emprendedores locales, para que puedan seguir adelante con el desarrollo de la región.