La secretaria de las Mujeres, Género y Diversidad, Itatí Carrique, junto con la subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Inés Bocanera, acompañaron a la representante de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (A.T.T.A) en Salta, Mary Robles en una reunión con la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados de la provincia, donde se presentó el proyecto de la "Ley Integral para las Personas Trans".
El escrito, que ingresó a la Legislatura salteña en 2021 y que podría ser tratado durante el año legislativo en curso, es obra del consenso del colectivo LGBT y la A.T.T.A. De ser aprobado, Salta se convertiría en la segunda provincia del país en contar con una ley de estas características.
En la oportunidad, Carrique marcó la importancia de que la iniciativa sea "integral" ya que "abarcará a las infancias, adolescencias, adultos y adultos mayores del colectivo trans. Esto es importante porque las desigualdades superan lo relacionado con el cupo laboral", aseguró la funcionaria.
Por su parte, Robles dijo que, "ya era tiempo de que lográramos consensuar esta política pública, necesaria para las personas trans, quienes fuimos históricamente violentadas, perseguidas y vulneradas en nuestros derechos. Queremos que las futuras generaciones se sientan integradas y protegidas para que no tengan que pasar lo que nosotras sufrimos".
En la reunión, en la que participaron también las diputadas Mónica Juárez, Gladis Paredes y Julieta Perdigón, Ricardo Berral, representante de Crianzas Diversas, prestó testimonio sobre las diversas dificultades y problemáticas que los niños y adolescentes trans enfrentan desde temprana edad, partiendo desde el ámbito escolar, institucional y social.
El proyecto de Ley es producto del consenso y de la solicitud por parte del colectivo LGBT y de las autoridades de A.T.T.A. quienes en busca del ejercicio pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas trans ponen a consideración de los legisladores y ambas Cámaras para su tratamiento.
El escrito marca diversas disposiciones respecto a los derechos, garantías y políticas públicas, vida digna, libertad y seguridad, datos personales, cambios registrales y privacidad, educación, salud, acceso al trabajo, nivel de vida y vivienda (entre otros), de los miembros del colectivo.