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Chile endureció las penas por atentados ambientales
El presidente de Chile, Gabriel Boric, promulgó la ley sobre delitos económicos y atentados al ambiente, con la que apunta a combatir la impunidad económica, y destacó la posibilidad que abre la iniciativa de “sancionar de mejor manera delitos que tanto daño han causado en la sociedad”.
“Hoy es un día significativo: promulgamos la Ley sobre Delitos Económicos y Medio Ambientales, que va a permitir sancionar de mejor manera delitos que tanto daño han causado en nuestra sociedad. Con esta ley, impulsamos un Chile más justo y confiable para todas y todos, entregando sanciones a quienes se las merecen”, escribió Boric en Twitter.
El nuevo cuerpo legal -que intentó ser impugnado por parte del empresariado ante el tribunal Constitucional- introduce un tratamiento distinto a la criminalidad económica en comparación con la criminalidad común, al advertir los daños sociales significativamente mayores que puede provocar la primera.
"Por muchos años la ciudadanía ha visto con impotencia cómo los llamados delitos de cuello y corbata reciben castigos menores, aun cuando involucran grandes sumas de dinero", dijo el mandatario durante el acto en el Palacio de La Moneda.
Recientes actos de colusión en los precios de medicamentos, pollos, papel higiénico, financiamiento ilegal de la política, entre otros, recibieron penas irrisorias, entre ellas la obligación para empresarios de asistir a clases de ética.
Boric dijo que imagina que quienes “son representantes electos o que han cumplido funciones públicas deben haber experimentado en sus salidas a terreno” saben que existe “una percepción en la ciudadanía de que, a veces, pareciera existir dos justicias, una para ricos y una para pobres”.
“Tenemos todos el deber de trabajar para que esa percepción no se asiente y para que no sea real", agregó el mandatario, según la radio Cooperativa.
El gobernante subrayó que "la promulgación de esta legislación es un paso importante en la recuperación de las confianzas en las instituciones".
La nueva Ley establece una nueva forma de determinación de multas (denominada "días-multa"), que se calcula a partir del ingreso promedio diario del condenado.
Este sistema permitirá que la multa pueda ir desde media UTM (38 dólares) hasta una cantidad máxima teórica de casi 23,4 millones de dólares para una persona natural, sin considerar el delito propio que cometa la empresa como persona jurídica.
También la secretaria general del Gobierno, Camila Vallejo, destacó la importancia de la nueva ley.
“La ley permitirá combatir la impunidad económica, prevenir la comisión de delitos de cuello y corbata, crear los delitos ambientales para proteger el ecosistema e instaura un sistema especial de penas, inhabilidades especiales y multas para la criminalidad económica. Un gran avance para las familias, la probidad y el medio ambiente”, resaltó la funcionaria.