La oposición de Ecuador tiene pruebas convincentes para presentar contra el presidente Guillermo Lasso en las audiencias del juicio político, dijo una legisladora, incluidas supuestas irregularidades en un contrato de transporte de crudo, de las que habría sido advertido.
La Corte Constitucional dio luz verde para iniciar un proceso de juicio político contra Lasso por presunto peculado en la Asamblea Nacional, donde no tiene mayoría y se ha enfrentado con legisladores.
"Las pruebas son contundentes, son irrefutables y las vamos a presentar", dijo la legisladora opositora Viviana Veloz, quien presentó el pedido de juicio político junto a otros 59 asambleístas a mediados de mes, a un canal de televisión.
"El presidente siempre tuvo conocimiento, pero nunca quiso hacer nada para detener la corrupción y por lo tanto es responsable político", agregó Veloz, parte del partido político del expresidente Rafael Correa.
Entre las pruebas citadas por la oposición está que Lasso habría sido advertido por el exgerente de la flota petrolera Flopec, Johnny Estupiñán, sobre irregularidades en un proceso de contratación de transporte de petróleo con Amazonas Tanker Pool Company LLC.
Estupiñán fue removido del cargo en marzo de 2022 por intentar rescindir unilateralmente el contrato, y en julio se firmó un nuevo contrato con la misma empresa, en contra de las advertencias de la Contraloría del país, agregó el expediente enviado a la Corte Constitucional.
Lasso ha negado cualquier acusación de irregularidades. Los opositores a Lasso necesitarán 92 votos de la Asamblea de 137 miembros si el proceso llega a la etapa final.
El gobierno criticó el juicio político contra Lasso, pero sostuvo que respetaría la decisión de la corte.
Sin embargo, esa decisión podría hacer más probable que Lasso disuelva la Asamblea Nacional y convoque elecciones generales anticipadas.
A principios de este mes, los legisladores también respaldaron un informe que acusa a Lasso de estar involucrado en posibles delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública, afirmaciones rechazadas por el gobierno.