Los franceses volvieron a salir a las calles para protestar contra el gobierno de Emmanuel Macron que alistó a unos 5.000 policías sólo en París para "contener" a los huelguistas.
Industriales, comerciantes, sindicalistas y estudiantes se opusieron en los últimos días a las medidas económicas de Macron, según medios internacionales.
Desde el 19 de enero, fecha de la primera manifestación, se movilizaron cientos de miles de personas (3,5 millones el 7 y el 23 de marzo, según el sindicato CGT) en grandes protestas pacíficas, pero sin éxito.
La última convocatoria dejó el jueves pasado 457 detenidos y 441 policías y gendarmes heridos, en su mayoría en los disturbios que siguieron a las marchas con más de un millón de personas en toda Francia, según las autoridades.
Las imágenes de batalla campal volvieron a la primera plana el sábado durante las protestas contra un embalse agrícola destinado a la agroindustria en Sainte-Soline (centro-oeste), que dejaron dos manifestantes en coma.
En este contexto de creciente tensión, Macron y la primera ministra, Élisabeth Borne, aseguraron "tender la mano" a los sindicatos, punta de lanza de las protestas desde enero, pero sin ceder en su reclamo de retirar la reforma.
Laurent Berger, líder del sindicato moderado CFDT, comentó que aceptaría negociar pero sólo si "se dejaba de lado" la reforma, especialmente el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años.
Un dispositivo de seguridad inédito
Para este martes, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció un "dispositivo de seguridad inédito" de 13.000 agentes en Francia y advirtió de la presencia en París de "más de 1.000 radicales, algunos desde el extranjero".
Las autoridades esperaban "de 650.000 a 900.000" manifestantes" y alertaron que la presencia de los jóvenes en las marchas "se duplicarían o triplicarían", según fuentes policiales.
Aumentó la tensión en las calles
Las protestas adquieren desde hace semanas múltiples formas: miles de toneladas de basura acumuladas en las calles de París, bloqueos de depósitos y refinerías que dejaron a un 15% de gasolineras sin combustible, entre otros.
A la espera del dictamen del Consejo Constitucional sobre su validez, el Gobierno busca pasar la página rápidamente con otras prioridades como la salud, la educación y buscar cómo garantizarse una mayoría estable en el Parlamento.
Los sindicatos ya habían advertido a mediados de marzo a Macron de la situación explosiva que se generaría si no escuchaba el malestar con la reforma, que rechazaron más de dos de cada tres franceses, según los sondeos.
Su adopción definitiva el 20 de marzo implicó un aumento en intensidad de las protestas, cuya represión por parte de la Policía hizo saltar las alarmas de las oenegés de derechos humanos, abogados, magistrados y hasta el Consejo de Europa.
