El Congreso peruano aprobó una denuncia constitucional contra el ex presidente izquierdista Pedro Castillo por presuntos casos de corrupción en su gobierno, cometidos antes de que fuera destituido en diciembre.
El presidente del Congreso, José Williams Zapata, anunció después de esta decisión que la denuncia constitucional será trasladada al despacho de Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que en adelante podría acusar formalmente a Castillo ante el poder judicial.
Con 59 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, los legisladores aprobaron la denuncia contra el ex mandatario por los supuestos delitos de liderar una organización criminal, tráfico de influencias y colusión, entre otros, que fueron presentados en octubre por la fiscalía.
Castillo, que asumió al poder en julio del 2021, fue destituido el 7 de diciembre luego de intentar de forma ilegal cerrar el Congreso y reorganizar el sistema judicial.
El ex mandatario cumple desde diciembre un arresto preventivo por 18 meses en un penal dentro de una base policial de Lima, mientras la fiscalía lo investiga por presenta rebelión por su intento fallido de disolver el parlamento unicameral.
Durante el debate en el parlamento, Castillo -a través de su abogado- decidió no presentar sus descargos alegando que quería participar de forma presencial. Su abogado, Eduardo Pachas, negó en el Congreso los cargos y rechazó que el exmandatario perteneciera a una organización criminal.
En la misma sesión, el Congreso aprobó las denuncias contra dos ex ministros de Castillo involucrados en los cargos relacionados a presuntos sobornos en la construcción de un puente y en la compra de combustibles para la estatal Petroperú.
La destitución de Castillo, un profesor rural e hijo de campesinos, ha provocado una ola de violentas protestas principalmente de regiones pobres del sur del país contra el Gobierno, que han dejado unos 60 muertos en dos meses.
En las protestas los manifestantes piden la renuncia de la mandatario Dina Boluarte -que fue vicepresidenta de Castillo-, el cierre del Congreso, elecciones anticipadas rápidas y una asamblea para redactar una nueva Constitución.