En medio de protestas y disturbios que incluyeron la quema de automóviles y oficinas públicas, un fiscal en Bolivia pidió seis meses de prisión preventiva para el gobernador de Santa Cruz y líder opositor, Luis Fernando Camacho, arrestado el miércoles.
Camacho, el principal referente de la oposición boliviana, está acusado de “terrorismo” en un caso relacionado con la caída del expresidente Evo Morales en 2019 y que el gobierno del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS) considera un golpe de Estado.
”La medida cautelar que (se) ha solicitado es la detención preventiva por un periodo de seis meses”, a cumplir en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, dijo en rueda de prensa el fiscal asignado al caso, Omar Mejillones.
Crece la tensión y las protestas en Bolivia
La detención de Camacho, líder del partido Creemos, se produjo el miércoles cuando el gobernador cruceño se dirigía en un vehículo junto a su custodia por una carretera de Santa Cruz. Tras su arresto, fue trasladado a La Paz.
El hecho desató la inmediata movilización de sus partidarios. Varios de sus seguidores y legisladores de su partido ingresaron a la pista y a las oficinas de los aeropuertos locales de Viru Viru y El Trompillo para evitar la partida de aeronaves. Su intención era impedir que Camacho fuera sacado de la ciudad, pero un helicóptero logró trasladarlo a la capital.
Policías observan una oficina gubernamental incendiada mientras partidarios de Luis Fernando Camacho, gobernador de la región de Santa Cruz, protestan en Santa Cruz (Foto: AP/Ipa Ibáñez)
Policías observan una oficina gubernamental incendiada mientras partidarios de Luis Fernando Camacho, gobernador de la región de Santa Cruz, protestan en Santa Cruz (Foto: AP/Ipa Ibáñez)
Luego las manifestaciones fueron hasta el Comando de la Policía de Santa Cruz y la Fiscalía Departamental.
En el comando policial hubo enfrentamientos entre los agentes de seguridad que respondieron con gases lacrimógenos. Los manifestantes lanzaron petardos y buscaron ingresar a sus oficinas.
El episodio más grave ocurrió en la sede de la Fiscalía en Santa Cruz, que fue incendiada, así como varios vehículos que se encontraban en sus inmediaciones. Además, numerosas rutas regionales fueron bloqueadas.
La tensión subió aún más después que algunos seguidores del gobierno de Luis Arce se congregaron en la plaza principal de Santa Cruz para “celebrar” el arresto del líder opositor, mientras que el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, denunció un ataque a su vivienda en esa ciudad.
Luis Camacho pasó la noche en prisión y se negó a declarar
En tanto, Camacho pasó la noche en una celda policial de La Paz para responder por cargos de presunto terrorismo con relación a la crisis de 2019 que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales tras unas elecciones denunciadas de fraudulentas. Por esos hechos fue condenada a 10 años de cárcel la expresidenta interina Jeanine Áñez y más de medio centenar de líderes opositores y militares están en la cárcel y procesados por supuesta conspiración y terrorismo.
En su audiencia ante el fiscal que lleva el caso, Camacho se negó a declarar, pero entregó una nota a través de su defensa. “Mi única culpa es haber defendido la democracia y haber detenido al fraude”, afirmó.
El poderoso Comité Cívico de Santa Cruz -que lidera las protestas regionales del ala dura de la derecha boliviana-, anunció que definirá “una respuesta contundente” al gobierno de Arce, al que acusa de impulsar una “persecución política”, dijo su presidente Rómulo Calvo.
A su vez, el opositor Creemos, el partido del gobernador de Santa Cruz, advirtió este jueves que la detención de su líder es un “atentado contra el Estado de derecho” y abre el peligro de una “dictadura” en Bolivia.
”Estamos enfrentando el gravísimo peligro de convertirnos en un Estado donde prevalezca la dictadura, el abuso y la violencia con un Gobierno que busca imponerse con el terrorismo de Estado”, advirtió.
Camacho viene de liderar un paro de 37 días en Santa Cruz entre octubre y noviembre en contra del gobierno de Luis Arce -heredero político de Morales- para exigir que un censo de población se realice en 2023 para lograr que su región gane más escaños en el Legislativo.
