Perú, polarizado e inmerso en una crisis política parala que no se vislumbran salidas, regresará a las urnas dentro de un mes para elegir autoridades regionales en un escenario en el que la corrupción desde diversos sectores se convirtió en un fantasma sin control aparente.
Los actuales 25 gobernadores de departamentos acumulan hoy 557 investigaciones formales de la Fiscalía y la cifra podría ser peor, pero varios ya fueron destituidos y sus reemplazantes, con menos tiempo, tienen currículums por ahora más limpios.
De entre 488 candidatos a reemplazar a esos gobernadores, 89 ya tienen investigaciones fiscales abiertas, según medios de prensa e instituciones civiles. En 62 casos, los supuestos delitos fueron cometidos por los postulantes cuando tenían el cargo al que buscan regresar o uno similar.
“Muchas personas envueltas en actos ilícitos en gestiones anteriores están retornando”, advirtió Percy Medina, jefe en Perú del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), organismo intergubernamental que actúa como observador oficial en las Naciones Unidas.
De 75 gobernadores departamentales elegidos en el actual período o los dos anteriores, diez están en la cárcel, dos en arresto domiciliario, uno prófugo, cinco con sentencias de prisión suspendida (libres, pero bajo reglas de conductas) y 25 enfrentan procesos judiciales avanzados.
La situación no es mejor en las alcaldías provinciales ni en las distritales, en las que también se elegirán nuevos titulares el 2 de octubre. De hecho, en las distritales las pesquisas de la Fiscalía, proporcionalmente, más que duplican a las de las otras dos instancias de la administración regional.
Casi 25 millones de peruanos están habilitados para votar por los gobernadores de los 25 departamentos, los alcaldes de las 196 provincias y los alcaldes de los 1.684 distritos. Ese día, además, serán elegidos 342 consejeros departamentales y 10.570 regidores (1.714 provinciales y 9.036 distritales).
“Serán unas elecciones distintas (a las generales) porque no habrá disputas ideológicas izquierda-derecha o de visiones de mercado, sino disputas por intereses locales de la mano con una enorme corrupción”, anticipó en una entrevista con Télam el académico Alonso Cárdenas, de la Escuela de Londres de Economía y Ciencia Política.
“Si en los comicios generales se evidencian la improvisación y precariedad de los partidos, en las elecciones regionales la improvisación y la precariedad son incluso mayores”, agregó Cárdenas, defensor de que se adopten reformas urgentes de fondo para mejorar la calidad de las organizaciones políticas.
“En tiempo de crisis de organizaciones políticas, los partidos son reemplazados por redes familiares, de paisanos, de compañeros de colegio, las cuales están basadas también en corrupción. Son mecanismos para acceder a recursos públicos”, coincidió Medina en el diario La República.
Para ayudar a los electores a decidir con más conocimiento, la Asociación Civil Anticorrupción Kuskachay creó el sistema del “corruptógono”, mediante la cual se avisa sobre los riesgos de cada candidato de forma similar a los octágonos que alertan sobre productos son excesos de grasas, azúcar u otros añadidos nocivos.
Según el director de Kuskachay, Eduardo Herrera, tras revisar a candidatos en siete departamentos -se espera hacerlo con los demás en los próximos días-, se encontró que 90% tiene factores que deberían generar dudas y que no han sido reportados.
Esas dudas no solo se refieren a mal manejo de fondos públicos u otras formas “clásicas” de corrupción, sino a figuras como violencia familiar o sexual, deudas con el Estado, desbalances patrimoniales o cambios permanentes e injustificados de militancia en partidos.