La petrolera española Repsol y otras empresas acusadas del derrame de unos 11.000 barriles de crudo en Lima a principios de año quedaron expuestas a pagar compensaciones por hasta 4.500 millones de dólares, después de que un tribunal peruano admitiera esta semana una demanda en su contra, en un desastre ambiental del que aún se sienten sus consecuencias.
Repsol y las supuestas corresponsables, como la aseguradora española Mapfre, la naviera italiana Fratelli D'Amico y la refinería peruana La Pampilla, tienen ahora un mes para rendir descargos, o serán declaradas rebeldes.
El que fuera descrito en Naciones Unidas como el mayor desastre ambiental en la historia de Perú ocurrió el 15 de enero, cuando, según investigaciones, operarios incurrieron en negligencias al descargar petróleo desde el barco italiano Mare Doricum a La Pampilla.
"Personas naturales y jurídicas que giran en el entorno se vieron afectadas, así como la población que no pudo hacer uso y disfrute de espacios naturales públicos", justificó Julián Palacín, presidente del Instituto de Defensa de la Libre Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi), organismo estatal que se encarga de la demanda.
Se detectó una mancha de petróleo frente a las playas de Callao, ciudad aledaña a Lima, que se extendió pronto por la zona, contaminando el mar y las playas y matando a miles de especímenes marinos en una franja que al final abarcó cerca de 1,8 millones de kilómetros cuadrados.
En un primer momento Repsol reconoció el derrame, pero aseguró que se trataba solo de algunas decenas de barriles y que el problema había sido causado en el mar, removido ese día por una erupción volcánica en la isla de Tonga, en Oceanía, al otro lado del Pacífico.
Las investigaciones permitieron establecer luego, sin embargo, que la cantidad de crudo vertida era considerablemente mayor (10.400 barriles según la empresa, 11.900 barriles según el Estado) y que lo de Tonga no tuvo nada que ver, pues fue solo una coincidencia de fechas.
Las consecuencias
El mar de Callao y del norte de Lima se tornó negro, espeso y asesino, y los expertos advirtieron que la huella se mantendría por años. Las imágenes de animales muertos o agonizantes bajo gruesas capas de petróleo estremecieron al mundo, mientras en Lima se instalaba un ambiente de luto.
Miles de pescadores artesanales que devengan su sustento de esa zona quedaron en la calle, así como comerciantes que trabajaban en la playa en esos momentos de pleno verano y masiva presencia ciudadana. En total, se estima que unas 700.000 personas se vieron afectadas de alguna manera.
En medio del caos, algunas voces pidieron condicionamientos para determinadas inversiones extranjeras, algo que prometía un debate intenso en un país donde amplios sectores políticos se oponen a cualquier recorte a la libertad empresarial.
Pero ese debate al final no se dio por el estancamiento político derivado del constante enfrentamiento entre el Gobierno de izquierda del presidente Pedro Castillo y un Congreso con fuerte presencia de la oposición de derecha.
Siete meses después y tras los trabajos de limpieza iniciales, que no siempre observaron los parámetros técnicos, pues entre otras cosas se utilizó personal no calificado y sin herramientas adecuadas, las consecuencias del derrame se mantienen en buena parte, según los estudios.
