La fiscalía de Tarija anunció que se emitirá una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales para que declare ante el Ministerio Público en el marco de la investigación que se le sigue en un caso de presunta “trata de personas” y “estupro”.
”Lo que corresponde es eso, sacar el mandamiento de aprehensión, ya que ellos (Morales y los otros investigados) han sido notificados debidamente sin ninguna vulneración de ninguno de sus derechos”, señaló la fiscal Sandra Gutiérrez, de la región sureña de Tarija, donde se investiga el caso.
Poco antes, las organizaciones sociales que respaldan al exmandatario advirtieron que si la Fiscalía emite una orden de aprehensión comenzarán un bloqueo nacional de caminos.
Morales se encuentra inmerso en la lucha política con su antiguo delfín y hoy presidente, Luis Arce, con acusaciones cruzadas, por la candidatura presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) el año próximo.
Cómo es la causa por trata de personas y estupro contra Evo Morales
Morales presentó este jueves, a través de su abogado, una excusa legal para no asistir a la citación de la Fiscalía por el caso en el que es investigado por “trata de personas” y “estupro”.
”Hemos presentado un memorial y hacer conocer esta sentencia constitucional que ordena que se remitan las actuaciones procesales a Cochabamba”, informó Jorge Pérez, el abogado titular del exgobernante y líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
La denuncia que tiene en su poder la Fiscalía boliviana señala que Morales habría cometido los delitos de “trata de personas” y “estupro” con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.
La víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el político durante su Presidencia, llamado ‘Generación Evo’.
Según la investigación, esos hechos ocurrieron en la región de Tarija. Sin embargo, Pérez dijo que el caso se debe indagar en la zona central del Trópico de Cochabamba, el bastión político y sindical de Morales, donde vive el exgobernante.
Para la defensa del expresidente, la sentencia constitucional es un “impedimento legal” para que Morales se presente a declarar.
A esa situación legal se suman los “impedimentos materiales” que no dan las garantías correspondientes de seguridad para el investigado.
Pérez criticó el movimiento de más de 600 policías en Tarija que el Gobierno de Luis Arce instruyó para la posible declaración de Morales. ”Definitivamente hay un escenario de amedrentamiento”, opinó el abogado, que fue ministro de Gobierno (Interior) durante la gestión de Morales.
La denuncia contra del expresidente se presentó el 26 de septiembre en la Fiscalía de Tarija, tres días después de que, tras una marcha de 187 kilómetros, Morales y miles de sus seguidores dieran un ultimátum al Gobierno de Arce, con quien mantiene una pelea por el control del MAS.
