Luego de que México anunciara que dará asilo político al ecuatoriano Jorge Glas, vicepresidente durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017) y que está procesado por presunta malversación de fondos, tras la expulsión de su embajadora en Quito, Raquel Serur, la administración de Daniel Noboa afirmó que no facilitará el salvoconducto para que viaje a territorio mexicano.
“De conformidad con lo establecido en los artículos III, inciso segundo, de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención sobre Asilo Político de 1933, en las que son partes ambos países, el Gobierno de México tiene la obligación de entregar al señor Jorge David Glas Espinel para que sea puesto a disposición de los tribunales de justicia del Ecuador”, sostuvo un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano.
En esa línea, la administración de Noboa agregó: “El Gobierno Nacional ha actuado y actuará en estricto apego al derecho internacional y en cumplimiento de lo que dispone la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, en apoyo a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada transnacional, con el fin de erradicar la impunidad por delitos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas”.
“En el Ecuador, país respetuoso del derecho internacional, no se persigue a persona alguna por motivos de raza, religión, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, en acatamiento a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes de la República”, detalló la cartera de Exteriores.
En ese sentido, Ecuador lamentó “que México no haya considerado en su decisión, además de las mencionadas convenciones sobre asilo diplomático, las obligaciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2002 y en la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, haciendo efectivo el deber de cooperar para prevenir y combatir los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas”.
“Para el Ecuador resulta jurídicamente evidente que no es lícita la concesión de asilo diplomático al señor Jorge David Glas Espinel. En consecuencia, el Ecuador reitera que no otorgará salvoconducto alguno, ya que no procede en el marco de las referidas convenciones”, resaltó el Gobierno de Noboa, que además aseguró que “”continuará brindando protección a los locales de la Embajada de México en Quito. Igualmente, el Ecuador brinda todas las garantías a la Embajadora Raquel Serur Smeke, quien ha sido declarada persona non grata, hasta su salida del país”.
Más temprano, la administración de López Obrador había considerado que “luego de un análisis exhaustivo de la información recibida, el Gobierno de México ha decidido otorgar asilo político al señor Jorge David Glas Espinel, quien actualmente se encuentra en la Embajada de México en Quito”, señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado.
Asimismo, apuntó que esta decisión se comunicará de forma oficial a las autoridades ecuatorianas junto con la solicitud de que concedan el salvoconducto respectivo, de conformidad con la Convención de Asilo Diplomático de 1954, tratado internacional del que México y Ecuador son Estados parte.
El asilo a Glas, quien está en la Embajada mexicana en Quito desde diciembre, se anuncia después de que Ecuador declaró el jueves persona ‘non grata’ a la embajadora de México en respuesta a comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el magnicidio del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
Al respecto, la Cancillería reprochó las acciones del Gobierno de Daniel Noboa al precisar que instruyó a Serur para que regrese a México para “resguardar su seguridad e integridad”.
Señaló que en todo momento de su gestión, la embajadora ciñó su actuación a los principios de política exterior establecidos en la Constitución y en el derecho internacional, y denunció que declararla ‘non grata’ “reviste claramente un carácter político”.
Del mismo modo, informó que ahora la Embajada de México en Ecuador quedará a cargo de Roberto Canseco, actual jefe de Cancillería de la misión, y continuará “operando con normalidad”.
“México lamenta esta decisión diplomática que considera desproporcionada”, enfatizó.
La SRE rechazó el incremento de la presencia de fuerzas policiales ecuatorianas afuera de su sede diplomática en Quito porque, dijo, constituye un “claro hostigamiento” a la embajada y una “flagrante violación” a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
“Es evidente que estas acciones no corresponden a las prácticas habituales de vigilancia y protección de los inmuebles diplomáticos, basadas en las normas que regulan la buena convivencia entre las naciones”, apuntó.
Finalmente, exigió a Ecuador respetar la soberanía del país, no lesionar el derecho de asilo y cumplir con sus obligaciones internacionales.
Además, responsabilizó a Ecuador de cualquier afectación a la sede diplomática, a su personal acreditado y a toda persona que se encuentre bajo la protección del Estado mexicano en ese país.