Donald Trump y su empresa familiar fueron considerados responsables de fraude en la demanda civil de la fiscal general del estado, Letitia James, que acusaba al expresidente de Estados Unidos de inflar ilegalmente sus activos y su patrimonio neto.
La decisión fue emitida por el juez Arthur Engoron del tribunal estatal de Nueva York en Manhattan.
James demandó a Trump en septiembre de 2022, acusándolo a él y a la Organización Trump de mentir durante una década sobre el valor de sus activos y su patrimonio neto para obtener mejores condiciones en préstamos bancarios y seguros.
Ella ha dicho que Trump infló su patrimonio neto hasta en 2.230 millones de dólares, y en una medida hasta en 3.600 millones de dólares, en declaraciones financieras anuales entregadas a bancos y aseguradoras.
La fiscal general ha dicho que entre los activos cuyo valor se infló figuran la finca de Trump en Mar-a-Lago (Florida), su ático en la Torre Trump de Manhattan y varios complejos de oficinas y campos de golf.