Las protestas populares reaparecerán este fin de semana en Perú, esta vez contra los supuestos intentos del Legislativo y el Ejecutivo de apoderarse de los aparatos judicial y electoral, una situación que disparó alarmas en el país y en el exterior.
“De manera pacífica nos vamos a movilizar todos los ciudadanos y el pueblo peruano a una sola voz”, afirmó el dirigente Enver León, uno de los coordinadores de la manifestación convocada para este sábado por organizaciones políticas, cívicas y sindicales.
Los convocantes, que aseguran que la ofensiva contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es un primer paso para controlar al Poder Judicial y de paso a los organismos electorales, aspiran a reunir un número importante de personas en el parque Campo de Marte, próximo al centro de Lima, y a que similares movilizaciones se produzcan en otras ciudades.
“Si bien es cierto que se está convocando por la situación de la Junta Nacional de Justicia, también el fondo de toda esta movilización es por defensa de la democracia. Democracia que cada día está siendo copada a través de estos sectores”, señaló León.
La decisión del Congreso de investigar y eventualmente destituir a los siete miembros de la JNJ, ente que nombra, fiscaliza y de ser necesario sanciona a jueces, fiscales y jefes de organismos electorales, genera molestia al ser interpretada como un paso en la intención de acaparar poderes.
Todo se desató cuando el Legislativo, por amplia mayoría, aprobó una propuesta de Patricia Chirinos, del partido conservador Renovación Popular (RP), para que una comisión interna investigue sumariamente a los miembros de la JNJ por incurrir en supuestas faltas graves.
Según Chirinos, las faltas se relacionan con adelantos de opinión, filtración de documentos y mantenimiento en el cargo de una de las integrantes de la Junta pese a que supera los 75 años que fija la ley como edad máxima.
De todas formas, analistas consideran que la verdadera intención es primero proteger a la fiscal general, Patricia Benavides, y, como fondo, destituir a los actuales miembros de la JNJ para reemplazarlos por otros proclives a obedecer a los sectores políticos que controlan el Legislativo.
“Aquí hay un aspecto netamente político. ¿La JNJ a quién afecta? ¿A quién está investigando? A la fiscal general, aliada de los sectores del Congreso”, señaló León.
La fiscal es investigada por presuntamente proteger a su hermana Emma Benavides, jueza acusada de vínculos con narcotraficantes; por el supuesto plagio de su tesis universitaria y por aceptar una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a pesar de que es investigado por la Fiscalía por lavado de activos.
De ser destituida, 47 congresistas investigados actualmente por la Fiscalía perderían hipotéticamente a una aliada, situación que se extiende a miembros del gobierno que son o podrían ser objeto de pesquisas, incluida la presidenta Dina Boluarte.
Tanto Benavides como los integrantes de la JNJ han acudido a tribunales en busca de protección, en una “guerra” político-jurídica de impredecibles consecuencias. La Junta, según su vicepresidente, Aldo Vásquez, no descarta ir a cortes internacionales.
Diversas fuentes, incluida la Organización de Naciones Unidas (ONU), a través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, han expresado preocupación por los hechos y han llamado a que se respete la independencia de la Justicia y el balance de poderes, pero la respuesta oficial ha sido de rechazo a las “intromisiones” y a la supuesta intención de limitar las potestades del Congreso.
En ese marco, la Cancillería convocó al representante de la ONU en Perú, Igor Garafulic, para expresarle “extrañeza” por las posiciones de las Naciones Unidas.
Para medios opositores, ese llamado confirma que el gobierno “obedece” al Congreso. Parlamentarios como el derechista radical Alejandro Aguinaga han pedido que Garafulic salga del país por las “intromisiones”.
Las protestas por la acción contra la JNJ han incluido a la Iglesia Católica, a partidos políticos, universidades y personalidades independientes. “El enfrentamiento está generando grave daño a la estabilidad y la institucionalidad democrática”, apuntó la Conferencia Episcopal.
En el mismo contexto, analistas han expresado preocupación por el avance en el Congreso de tres proyectos de ley que limitan la presencia de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, supuesto primer paso para una eventual salida del país del sistema continental.
Uno de esos proyectos, del partido de izquierda Perú Libre (PL), plantea denunciar la Convención Interamericana para aumentar las causales de pena de muerte; otro, del partido de centroderecha Acción Popular (AP), busca desconocer la competencia de la Corte Interamericana, y el tercero, de RP, apunta directamente a la salida del sistema.
El Congreso, que según las encuestas tiene una cifra histórica de rechazo popular, con más de 90%, es acusado de buscar un copamiento que les permita a las fuerzas que actualmente lo controlan mantener el predominio incluso más allá del fin en 2026 del actual período.
Los partidos de derecha Fuerza Popular, RP y Avanza País, los de centroderecha AP y Alianza Para el Progreso y PL, que suman al menos 80 de los 130 votos, han formado una alianza de hecho más allá de distancias ideológicas.
“En estos momentos en Perú la reacción ciudadana es nuestra única salida. No contamos ya con ninguna entidad para pedirle que actúe democráticamente (…). Prácticamente han arrasado con todo el poder, la institucionalidad está siendo desaparecida”, afirmó el ex Defensor del Pueblo Walter Albán.
Las protestas contra el gobierno y el Congreso registradas entre enero y marzo, que se dieron tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo, dejaron 77 muertos, pero las que se han realizado desde julio han transcurrido en forma pacífica.