Casi 13 millones y medio de ciudadanos tendrán en sus manos mañana la elección de un presidente para que complete en Ecuador el mandato de Guillermo Lasso hasta 2025, después de una campaña inusualmente cargada de violencia que puso en primer plano las propuestas sobre seguridad y desdibujó las socio-económicas, aunque los pronósticos señalan que será necesaria una segunda vuelta en octubre.
El asesinato del candidato Fernando Villavicencio y otros ataques a postulantes y dirigentes marcaron el tono de la breve campaña proselitista, de por sí inédita porque se trata de una elección apurada por la decisión de Lasso de usar la llamada "muerte cruzada", un mecanismo constitucional que nunca se había utilizado y que permite disolver el Parlamento y convocar comicios anticipados.
Ocho fórmulas se disputarán el favor de los ecuatorianos, medido con enormes diferencias por varias consultoras, aunque todas coinciden en que ganará la correísta Luisa González, aunque sin un número que le permita evitar el balotaje.
En lo formal, 13.450.0457 ecuatorianos están habilitados para votar presidente y vice, elegir 137 legisladores y opinar Sí o No a que continúe la explotación petrolera en la reserva de Yasuní, un parque de una riqueza inusual ubicado en la región amazónica.
Quienes viven en el cantón Quito, además, autorizarán o vetarán la explotación de minerales en bosques del Chocó Andino, en los alrededores de la capital.
Cuando se abran las mesas electorales no habrán pasado dos semanas del shock que provocó el crimen a balazos de Villavicencio, a la salida de un acto en Quito, un hecho que terminó de poner en un primer plano la ola de violencia sin antecedentes de esta magnitud que afronta el territorio.
El accionar despiadado de bandas organizadas, muchas de ellas relacionadas con cárteles extranjeros del narcotráfico, regiones enteras del país controladas por el crimen, el sicariato como forma de saldar diferencias y hasta recurrentes masacres carcelarias constituyen un cóctel habitual desde hace meses.
Las cifras de homicidios se dispararon y en lo que va de este año ya se bordea el número de asesinatos de todo 2022. Es lógico, entonces, que buena parte de la atención -y de los programas- haya estado puesta en qué proponen en materia de seguridad los aspirantes al Palacio de Carondelet.
Los últimos relevamientos registraron un leve crecimiento en intención de votos de los candidatos que levantan el discurso de la "mano dura", pero la cifra de indecisos sigue siendo importante.
La crisis, que afecta también la salud, la educación y el empleo y golpea a los sectores más necesitados, a las poblaciones rurales y a los pueblos originarios, generó también un fuerte descreimiento en la clase política.
Partidos y movimientos, y consecuentemente las alianzas, parecieron tomar nota de ese desencanto: excepto la correísta Revolución Ciudadana (RC), ninguna fuerza lleva un candidato con militancia interna, sino que todos son postulantes llegados desde otro sector, con preeminencia de empresarios.
Hubo apenas 20 días para decidir postulantes y algo más de un mes de campaña, lo que exigió agudizar tiempo y recursos y le dio a las redes un lugar central.
Que sea la primera elección bajo el signo de la "muerte cruzada" no es la única particularidad de los comicios: también es llamativo que un partido en el Gobierno no compita, que no se presenten las fuerzas que salieron tercera y cuarta hace dos años y, además, que sea la primera compulsa con integración paritaria de los binomios.