La crisis económica en Cuba no cede. El peso continúa devaluándose -la semana pasada registró un mínimo histórico en el mercado informal-, mientras la población se ve obligada a hacer malabares para hacer frente a la creciente inflación y la escasez de bienes. Ante este panorama, y con el objetivo de controlar el aumento de precios, el régimen de Miguel Díaz-Canel puso en funcionamiento días atrás, a través del Banco Central (BCC), un corralito financiero.
Esa medida entró en vigor el pasado jueves 3 de agosto, y según informaron las autoridades locales “se implementará gradualmente durante seis meses”. La misma obliga a los ciudadanos y a las empresas públicas y privadas a realizar la mayor parte de sus transacciones por canales electrónicos y no en efectivo, cuando las sumas exceden los 5.000 pesos cubanos (CUP), que representan poco más de 208 dólares a la tasa oficial. En el mercado informal, sin embargo, son unos 28 dólares.
Este anuncio se produjo en medio de una aceleración en la cotización del dólar y del euro, que la semana pasada alcanzaron un récord de 240 y 245 pesos, respectivamente, en el mercado no oficial. Asimismo, mientras desde el Gobierno afirman que la inflación interanual en mayo llegó a 45,8%, analistas advierten que ese índice ya alcanzó los tres dígitos.
El Banco Central explicó que la medida tiene como objetivo la “bancarización de las transacciones de cobros y pagos entre todos los actores de la economía y con la población”. También se incluyen los pagos de salarios y otros beneficios de los empleados.
Bajo esta nueva normativa, todos los comercios de la isla que ofrecen bienes y servicios, estatales y privados, deben contar con medios de pagos electrónicos. Aquellos lugares que aún no cuenten con las condiciones para su uso, tienen el plazo de seis meses para ajustarse a lo indicado por el BCC.
En el caso de las pequeñas empresas privadas, deben depositar todos los ingresos en efectivo de las ventas en sus cuentas bancarias o contratar a una empresa de transporte de dinero del gobierno para que lo haga. Pero luego no podrán retirar el efectivo para pagar a los proveedores o para cubrir otros gastos operativos.
Como consecuencia de la inflación, el régimen en los últimos tiempos optó por imprimir más moneda local. Esto, sin embargo, no trajo resultados ya que el dinero en efectivo no regresa a las arcas del Gobierno. Mientras las tiendas tienen poco para ofrecer, el sector privado es el que más está captando ese efectivo.
Varios analistas advirtieron en los últimos días que los propietarios de esas pequeñas empresas no podrían usar sus pesos cubanos para adquirir dólares en el mercado informal que necesitan para pagar los bienes comprados en el extranjero. Esto puede provocar un fuerte golpe para el sector privado, ya que podría obstaculizar las importaciones en momentos en que el régimen no puede garantizar a la población suficientes alimentos y bienes esenciales.
De esta manera, según las autoridades lo que se busca es reducir el flujo del dinero en efectivo, cuya escasez es motivo de frecuentes quejas entre los ciudadanos. Sin embargo, los críticos sostienen que se trata de un “corralito”, cuyo fin es beneficiar a las altas jerarquías del régimen.
“Están tratando de reducir la disponibilidad de efectivo, la cantidad de negocios y que menos personas intenten comprar dólares para poder capturar un poco más de esos dólares (...) Estamos hablando de una batalla por los dólares”, comentó un empresario cubano a El Nuevo Herald, bajo condición de anonimato para evitar represalias por parte de la dictadura.
Estimó, además, que esta medida llevará a varias personas a cerrar sus negocios por miedo a incumplir la ley. Explicó que, al haber menos productos, los precios suben, y si la gente tiene menos efectivo, la norma afectará principalmente a los más vulnerables.
“Este nuevo cerco (no es el primero) va a impactar directa y rápidamente en el precio de los productos y servicios, además de en el valor de las divisas extranjeras”, manifestó Yosué Montes de Oca Arias, fundador de la empresa tecnológica AlaSoluciones.
Si bien después de 2021 la dictadura cubana flexibilizó la participación del sector privado al permitir que las pequeñas y medianas empresas (pymes) contaran con hasta 100 empleados, estas compañías operan bajo estrictos controles y regulaciones por parte del Gobierno que, además, no les vende dólares.
“Denotan una desconexión total con la realidad que existe en Cuba”, agregó Montes de Oca Arias.
En los últimos años, en medio de la creciente crisis económica, las empresas privadas se convirtieron en los principales importadores de alimentos y otros bienes básicos, ya que los proveedores no quieren vender a un Estado que no es confiable y que está en quiebra. De hecho, el propio Gobierno reconoció recientemente que el 100% de la canasta alimentaria es importada.
En esa línea, el experto Elías Amor señaló en un artículo publicado en el blog “Cuba Economía” que el corralito aplicado por la dictadura se traduce en “un instrumento de represión” hacia el sector privado. Alertó, por su parte, que la medida podría provocar “consecuencias nefastas”.
“La nueva resolución reconoce que el incremento del uso del dinero en efectivo en las transacciones económicas y financieras ha provocado un retroceso de los niveles de bancarización e inclusión financiera del país, a lo que se adicionan los elevados costos asociados a su emisión, transporte, procesamiento y almacenaje, así como la demanda creciente en el número de cajeros automáticos para la extracción del efectivo”, apuntó.