El presidente chileno Gabriel Boric dijo que su gobierno no insistirá en un rechazado proyecto de reforma tributaria e impulsará nuevas iniciativas para levantar los fondos necesarios para atender algunas de sus prometidas propuestas sociales.
En junio, el gobernante izquierdista había dicho que su gobierno insistiría a fines de julio en el Senado para retomar la tramitación legislativa del ajuste impositivo.
A través de un nuevo Pacto Fiscal, Boric dijo que las propuestas en materia de gasto involucran recursos por 8.000 millones de dólares para financiar programas como la Pensión Garantizada Universal para mejorar las jubilaciones más bajas, reducción de listas de espera en salud, así como mayor inversión en seguridad ciudadana.
"Esta propuesta considera el aporte que hace el crecimiento, la reforma del estado, el fortalecimiento de la fiscalización tributaria y los impuestos pagados por los sectores de mayores ingresos para poder financiar de esta manera los gastos sociales que son urgentes", dijo en un discurso televisado.
"No vamos a insistir en el Senado con el proyecto que fuera anteriormente rechazado", agregó.
Boric no precisó plazos para la entrega y tramitación de las iniciativas, o cuánto se espera que sea la recaudación total.
La nueva propuesta del gobierno se dividirá en dos proyectos, uno para mejorar el cumplimiento tributario y otro para ajustar el impuesto a la renta enfocado en quienes tienen mayores recursos.
"Esta iniciativa incluirá además incentivos tributarios a la inversión, la productividad y la formalización, así como beneficios a la clase media y un nuevo régimen a empresas de menor tamaño", detalló.
Precisó que los incentivos fiscales serían equivalentes a 0,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
El primer proyecto incluye medidas que buscan aumentar la recaudación a través de modificaciones legales que no implican un aumento de impuestos, lo que elevaría la recaudación en un 1,5% del PIB en términos netos, según una minuta del gobierno.
En tanto, el segundo estará enfocado en el impuesto a la renta tanto de empresas como de personas e incluirá incentivos a la inversión, productividad y formalización, así como beneficios para la clase media y el nuevo régimen tributario para las empresas de menor tamaño, que tendría un costo fiscal de 0,5% del PIB.
A nivel de inversiones, se proponen incentivos tributarios como la depreciación semi instantánea y un fondo de créditos tributarios para inversiones con efecto multiplicador sobre la actividad, el empleo y la sostenibilidad ambiental. Además compromete reducir en un 30% el tiempo de tramitación de proyectos mineros, según la minuta.
Adicionalmente, el plan incluye cinco áreas prioritarias de diversificación productiva que al 2026 prevé tres o cuatro nuevos proyectos de litio, dos tercios de la matriz energética con fuentes renovables, 10-12 proyectos en desarrollo de hidrógeno verde y aumento de la economía digital.
El proyecto original de reforma tributaria fue rechazado en marzo por los diputados y el gobierno solamente podía insistir en su tramitación a través del Senado.