En medio de nuevas manifestaciones de protesta, el Parlamento israelí aprobó una cláusula clave de la controvertida reforma judicial que reduce la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia revise y anule decisiones gubernamentales.
El texto fue aprobado por 64 diputados de la coalición de derecha, ortodoxos religiosos y extremistas del primer ministro Benjamín Netanyahu. La oposición boicoteó la votación.
En un mensaje por televisión, Netanyahu defendió la aprobación de esta cláusula como “una etapa democrática necesaria”.
”Esta etapa busca restaurar un equilibrio entre los poderes, de manera que el gobierno elegido pueda aplicar una política conforme a la voluntad de la mayoría de los ciudadanos”, argumentó.
Nuevas manifestaciones inundan las calles de Israel
La sesión en la Knéset (Parlamento), que cuenta con 120 legisladores, se realizó en presencia de Netanyahu, de 73 años, que fue dado de alta temprano del hospital tras ser sometido el domingo a una cirugía para colocarle un marcapasos.
Poco antes, la policía dispersó con cañones de agua a cientos de manifestantes que bloquearon la entrada al parlamento. La reforma ha sacado a decenas de miles de manifestantes a las calles desde su presentación a inicios de año.
La votación se centró concretamente en la llamada cláusula de “razonabilidad”, que limitará la capacidad de los jueces para anular las decisiones del gobierno que se consideran “irrazonables”.
Es la primera cláusula clave de la reforma en convertirse en ley. Otros cambios propuestos incluyen dar al gobierno mayor poder en el nombramiento de jueces.
La reforma defendida por el gobierno busca aumentar el poder de los funcionarios elegidos sobre el de los magistrados.
El gobierno de Netanyahu argumenta que necesita frenar lo que considera una extralimitación judicial y que el cambio es necesario para garantizar un mejor equilibrio de poderes. Los críticos temen que la reforma socave la democracia liberal al eliminar los controles y equilibrios sobre el ejecutivo.
Los opositores acusan a Netanyahu, quien está siendo juzgado por corrupción, de querer usar esta reforma para anular posibles juicios en su contra. Poco antes de la aprobación de la cláusula, el líder de la oposición, el centrista Yair Lapid, declaró que el país se dirigía “hacia un desastre”, y llamó a interrumpir el proceso legislativo.
El jefe del sindicato Histadrut, Arnon Bar David, aseguró que “cualquier avance unilateral en la reforma tendrá consecuencias graves” y amenazó con una “huelga general si fuera necesario”.
