La Contraloría General de Venezuela inhabilitó durante 15 años a la ex diputada María Corina Machado para que se postule a cargos de elección popular, cuando asomaba como favorita para ser la candidata de la oposición a las elecciones presidenciales de 2024, según las encuestas.
Machado, una ingeniera industrial de 55 años, tiene prohibido salir del país desde hace nueve años y en 2015 fue inhabilitada por doce meses, porque la Contraloría dijo que la política no incluyó en su declaración de bienes algunas bonificaciones que recibía cuando era diputada en la Asamblea Nacional.

La candidata dijo que nunca recibió esos bonos.
El diputado José Brito, miembro de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, anunció que la prohibición se había extendido por 15 años, porque Machado apoyó las sanciones de Estados Unidos a Venezuela y respaldó a Juan Guaidó, quien declaró una presidencia interina en 2019.
Brito había solicitado esta semana a la Contraloría conocer el estatus de la inhabilitación impuesta en 2015.
"La ciudadana María Corina Machado Parisca (...) está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el período de 15 años", se lee en la carta divulgada por Brito y firmada por Antonio Meneses, director de procedimientos especiales de la Contraloría.
Machado, quien propuso privatizar PDVSA y reestructurar la deuda pública, dijo en un tuit que "una inhabilitación del régimen es BASURA, vale cero (...) Una INÚTIL 'inhabilitación' que sólo demuestra que el régimen sabe que YA está DERROTADO".

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) criticó la decisión.
"El régimen recurre a las inhabilitaciones y proscripciones para aferrarse al poder y liquidar cualquier semejanza con la democracia mientras profundiza la crisis política, social, humanitaria y económica que vive el país", dijo en un comunicado en el que pidió elecciones libres y transparentes.
Machado lideró las encuestas en los últimos meses de cara a la primaria de la oposición, a la que se registraron otros 13 aspirantes, entre ellos el dos veces ex candidato presidencial Henrique Capriles, también inhabilitado en 2017 por 15 años para postularse a cargos de elección popular.
Las inhabilitaciones no restringen la participación en las primarias, porque la oposición las realiza de forma independiente y sin apoyo oficial. Sin embargo, la medida sí impide la inscripción en el máximo organismo comicial, el Consejo Nacional Electoral (CNE), para elecciones como las presidenciales, regionales o legislativas.
Las limitaciones que tienen los candidatos es uno de los aspectos que la oposición busca discutir en la mesa de negociación de México con el Gobierno, pero esas conversaciones están estancadas desde noviembre.
Por años, los opositores sostuvieron que la prohibición de competir es una de las medidas usadas por el oficialismo para cortar el camino a cambios políticos en el país sudamericano.
Con la elección primaria, prevista para el 22 de octubre, la oposición en unidad aspira derrotar en las urnas al presidente Nicolás Maduro en los comicios del próximo año.
No obstante, el proceso opositor enfrenta varios desafíos debido a que será manual, tras la renuncia en pleno de la directiva del CNE, y la necesidad de financiamiento.