El gobierno de Perú, encabezado por la presidenta Dina Boluarte, cometió "violaciones graves a los Derechos Humanos" durante las protestas originadas en todo el país tras la destitución de Pedro Castillo, a fines del año pasado.
Así lo estableció un informe elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dado a conocer este miércoles, en torno a la actuación del Estado en medio de esas manifestaciones, que dejaron más de 60 muertos y centenares de heridos.
El organismo consideró que hubo un uso excesivo de la fuerza frente a la población civil, debido a los "impactos de armas de fuego".
"Hubo violaciones de Derechos Humanos graves que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico racial, perpetuada por agentes estatales las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales", dijo la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, en un resumen del informe.
"Además, como estas son de privaciones múltiples de derecho a la vida, teniendo en cuenta la circunstancia, tiempo y lugar, deben ser clasificadas como una masacre", remarcó a través de una videoconferencia.
El informe de la comisión tiene arista similares con otro reciente de Human Rights Watch (HRW), que concluyó también que el Ejército y la policía de Perú fueron responsables de las muertes.
Las protestas se habían originado el 7 de diciembre, cuando Castillo intentó disolver el Congreso, tras lo cual fue destituido y encarcelado.
Tras la salida de Castillo tomó el mando Boluarte, su vicepresidenta, quien quedó en la mira por el accionar de las fuerzas de seguridad y fue denunciada por un grupo de legisladores.
La mayor cantidad de víctimas se registró en las regiones andinas de Ayacucho y Puno, focos de las protestas en demanda de nuevas elecciones y la renuncia de la presidenta.