La inseguridad no es patrimonio exclusivo de la Argentina. Chile, donde en el verano se viralizaron asaltos violentos contra turistas argentinos, vive una ola de delitos graves que allanó el camino a una polémica ley que le da mayor libertad de acción a la policía.
Se trata de un país que, desde la recuperación de la democracia, ha sido un faro en materia de seguridad. Sin embargo, las estadísticas se disparan. Los crímenes aumentaron 43% el año pasado comparados con 2021, informó Carabineros. La tasa de homicidios se ubica en 4,6 por cada 100 mil habitantes, similar a la Argentina, según las estadísticas oficiales.
Algunas imágenes del delito sorprenden a los mismos chilenos, como el caso de un peligroso funeral narco que a fines de marzo obligó a suspender las clases en 15 escuelas y dos universidades en Valparaíso.
La causas de este aumento de la inseguridad son múltiples. El abogado chileno Francisco Cox, es la “narco cultura que se ha ido instalando como un sistema válido”. Además está “la pérdida del control territorial por parte del Estado, tanto en su dimensión de prevención del delito pero también como Estado proveedor de servicios, lo que da espacio a que las bandas puedan crear lealtades en las comunidades”, afirmó el letrado, uno de los cinco expertos que nombró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en Ayotzinapa en 2014.
Pero no solo los homicidios se dispararon en el país. Según el informe de Carabineros, en 2022 hubo 459.783 delitos de mayor connotación social, lo que equivale a un incremento del 45,3% si se le compara con los 316.406 de 2021. Un ejemplo claro de la gravedad de la situación social se refleja en las estadísticas del robo violento de vehículos, que aumentó un 98%. Cuatro de cada 10 detenidos por esa modalidad de delito son menores de edad.
El ministerio del Interior ordenó la intervención de las 30 comunas que concentran un tercio de la población nacional y un 50 % de los delitos más violentos. El pan incluye más patrullajes, puntos de control y operativos masivos.
La ministra vocera del Gobierno chileno, Camila Vallejo, pidió “encontrar el equilibrio entre la agenda de seguridad y la de Derechos Humanos” en el gobierno de Gabriel Boric, que entró en su segundo año de mandato jaqueado por una ola de inseguridad sin precedentes.
“La misma agenda de seguridad es una agenda de derechos, la seguridad humana es un derecho para las personas y un derecho importante. Por ejemplo, si yo siento que si salgo a la calle y voy a trabajar me pueden asaltar, matar, violar o no tengo la tranquilidad de que mi hijo pueda llegar sano y salvo a la casa después del colegio, eso me limita en el ejercicio de otros derechos, como la libertad de tránsito”, afirmó.
Pero la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas se mostró muy crítica de esta iniciativa. “En vez de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, (lo que hace) es reducir la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad”, dijo el organismo.
Para Francisco Cox, a la iniciativa le faltó ser debatida. “Esa ley es supuestamente una reacción a un supuesto problema de no uso de armas de fuego por las policías por sentirse inhibidos porque son perseguidos y condenados. No se ha dado un solo dato sobre si eso es un problema, y más bien parece que no lo es. La policía en Chile sí usa su arma de fuego y no son condenados cuando han estado justificados para usarlas”, afirmó.
El letrado dijo que “el riesgo de excluir de escrutinio el uso de las armas de fuego por parte de las policías es que se produzca el fenómeno de gatillo fácil y otro riesgo es que se empiece a generar una policía que no puede ser fiscalizada ni cuestionada en el uso de las atribuciones que les damos. Eso es la receta para un fracaso, eso lo que hace es crear un superpolicía que después es fácilmente cooptado por el crimen organizado”, concluyó.