Dos meses después de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor de la Ciudad de Buenos Aires para que reciba el 2,95% de la masa de fondos coparticipables, el gobierno nacional oficializó el pago a través de bonos para hacer frente a la orden del máximo tribunal. Sin embargo, en la administración de Horacio Rodríguez Larreta rechazan la medida y se recrudece aún más el conflicto por la coparticipación.
A través de una resolución conjunta entre la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía dispuso la ampliación de la emisión de los bonos TX31 por un monto equivalente a $98.500 millones.
Se trata de bonos del Tesoro Nacional en pesos, ajustado por inflación -CER 2,50%-, con vencimiento al 30 de diciembre de 2031.
La ampliación de este bono se justificó en que no estaba prevista la decisión de la Corte en el Presupuesto 2022 ni en el 2023 y que la cautelar de la Corte se conoció después de la sanción de la ley de presupuesto.
Según la normativa, el Gobierno instruirá al Banco Nación para transferir diariamente a una cuenta de CABA los bonos necesarios para cubrir la diferencia entre 2,95% dispuesto por la medida cautelar de la Justicia y el 1,4% que regía anteriormente para luego transferir los títulos. “En el caso de que la ciudad de Buenos Aires no dispusiera la apertura de la cuenta, el BNA procederá a abrir una cuenta transitoria para depósitos judiciales”, detalló la resolución.
Esta ampliación del bono confirma las intenciones del Gobierno de seguir afrontando el pago dispuesto por el fallo de la Corte a través de títulos públicos, de manera que no va a resolver en este momento otro mecanismo de pago. Dicho de otro modo, que la Nación va a “patear” el conflicto hasta que el máximo tribunal vuelva a pronunciarse sobre el tema o aparezca una nueva iniciativa por parte del Ejecutivo.
“La medida es para efectivizar el pago del aumento del coeficiente automático con bonos. Es la forma en que Nación hace frente al cumplimiento de la medida cautelar de la Corte Suprema”, explicó Nadín Argañaraz, director de IARAF.
“La Ciudad no quiere que le paguen el flujo con bonos. Es un bono que no tiene cotización. Probablemente, el gobierno porteño va a tener que aceptar que la deuda pasada se le pague en bonos y lo de aquí en adelante en pesos. El gobierno nacional está tratando de meter normas para que ese pago en pesos lo afronte el próximo gobierno”, analizó el economista Fausto Spotorno.

Cómo sigue el conflicto de la coparticipación
Esta medida suma un nuevo capítulo al conflicto de la coparticipación, que es uno de los que más tensión genera puertas adentro del gobierno nacional y porteño, donde aún aguardan más definiciones del máximo tribunal.
La medida de la Corte estableció que la Nación debe entregarle a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables vía transferencias diarias y automáticas. Por eso, fuentes de la administración porteña que, aunque el Banco Nación haya dispuesto la apertura de una cuenta para recibir los bonos, en la Ciudad no dieron conocimiento ni autorización para que los pagos se hagan efectivos vía esos títulos del Tesoro.
Tras conocer la resolución, en la administración de Horacio Rodríguez Larreta insistieron en que “el fallo de la Corte es muy claro”, tanto en el índice de coparticipación como en la forma en que esos fondos deben ser transferidos. “El índice de Coparticipación de la CABA pasa de 1,4 a 2,95 y los fondos llegan por goteo diario y mediante transferencia del Banco Nación, tal como se transfieren los recursos provenientes de la Coparticipación al resto de las provincias”, definieron. Y puntualizaron: “Cualquier otra forma de pago que quiera implementar el Gobierno nacional va en contra de lo dictaminado por la Corte”.
De esta manera, el gobierno porteño se niega a aceptar el pago en bonos, motivo que motorizó reclamos ante el máximo tribunal por el incumplimiento del fallo. Además, entiende que desde que la Corte dispuso la medida cautelar a favor de la Ciudad, el pasado 21 de diciembre, perdieron $37.000 millones.
A partir de ahora resta saber de qué manera intervendrá la Corte y si el gobierno nacional propondrá un nuevo mecanismo de pago para afrontar los fondos coparticipables destinados a cumplir con el fallo judicial que favoreció a la Ciudad.
Una de las alternativas que había circulado en los pasillos del palacio de Hacienda era la de subir la alícuota del impuesto al juego y extender el impuesto que cobran los bancos por los intereses de las Leliq. Sin embargo, esa opción perdió fuerza ante la falta de apoyo que tendría en el Congreso por parte de la oposición.